Los sindicatos mayoritarios de Asturias afrontan la celebración del Primero de Mayo con una llamada a la movilización ciudadana para exigir una redistribución justa de la riqueza, la mejora de la seguridad laboral y el acceso garantizado a la vivienda. Bajo el lema unificado «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia», CCOO y UGT de Asturias han convocado una manifestación en Gijón que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza de Toros. El recorrido transcurrirá por la Avenida de la Costa para finalizar en el Paseo de Begoña, donde los secretarios generales autonómicos realizarán sus intervenciones para poner en valor el «músculo y capacidad» del movimiento obrero frente a los actuales desafíos económicos y sociales.

EnAsturias los sindicatos han puesto el foco en la necesidad de blindar el Estado del bienestar y combatir la precariedad que aún afecta a sectores clave del tejido productivo asturiano. Entre las demandas específicas de las secciones territoriales destacan la urgencia de una «ley de riesgos laborales del siglo XXI» para frenar la siniestralidad, así como la reivindicación de costes energéticos competitivos para la industria que aseguren la permanencia de las inversiones en la región. A nivel nacional, las directrices de CCOO y UGT coinciden en señalar la vivienda como el principal factor de desigualdad, calificándola de «emergencia social» al ser tratada «como un bien de especulación». En este sentido, las centrales han puesto el foco en la exigencia de que nadie tenga que dedicar más del 30 por ciento de su salario a la vivienda, además de solicitar a la patronal un nuevo acuerdo salarial que contemple subidas fijas del 4 % anual para los próximos tres años.

Los líderes sindicales en Asturias, José Manuel Zapico (CCOO) y Javier Fernández Lanero (UGT), recalcaron en la presentación de los actos de esta jornada que no sólo se trata de mejoras laborales directas, sino de una defensa activa del sistema democrático. Zapico ha señalado que «es el momento de exigir una redistribución justa de la riqueza subiendo los salarios», vinculando la situación económica con el contexto bélico internacional. Para el dirigente, es imperativo denunciar los beneficios de «los matones que están en la Casa Blanca», quienes, según sus palabras, están «metiendo también la mano en los salarios de los trabajadores». Por su parte, Fernández Lanero ha enfatizado la importancia del «movimiento sindical frente al ruido, la importancia y la ultraderecha», argumentando que los derechos solo se consolidan mediante la negociación y la movilización constante. Ambos dirigentes coinciden en que la Unión Europea debe actuar como un «faro que alumbra hacia la paz, las libertades y el bienestar», alejándose de políticas que prioricen el gasto armamentístico sobre la cohesión social.

El manifiesto conjunto para este 2026 desgrana una serie de puntos fundamentales que vertebran las protestas en todo el territorio nacional, con un énfasis especial en las necesidades de Asturias. En el centro de la agenda se sitúa la salud y la seguridad laboral, bajo la premisa de que «es dramático que cada día mueran dos personas por ir a trabajar», lo que exige una reforma profunda de los marcos normativos actuales. Respecto a la organización del trabajo, las centrales realizan una apuesta decidida por la reducción de la jornada para «ganar tiempo de vida» y reclaman una regulación estricta del empleo a tiempo parcial para erradicar la precariedad estructural. Asimismo, el texto expresa un rechazo frontal a los recortes en sanidad y educación que derivan en un trasvase de usuarios hacia el sector privado, debilitando la igualdad social. En la vertiente autonómica, se defiende el proceso de regularización de migrantes como una herramienta clave para la supervivencia del sistema social y económico regional ante el reto demográfico, al tiempo que se exige una transición ecológica justa que construya futuro sin dejar atrás a las zonas industriales de Asturias. Todo ello se engloba en una defensa del sindicalismo para fortalecer la democracia y asegurar que la vivienda sea reconocida efectivamente como un derecho básico y no como un activo financiero.

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