La diputada y presidenta de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente minero de Cerredo, Covadonga Tomé, ha registrado una iniciativa en el parlamento autonómico para adelantar las indemnizaciones a percibir por los cinco fallecidos, una medida que iría en paralelo a la nueva línea de ayudas anunciada por el Gobierno regional para las víctimas de siniestralidad laboral.

Según ha anunciado Tomé, la iniciativa del Ejecutivo, cuyo alcance no ha definido aún el Gobierno, se corresponde con una propuesta de los sindicatos para un Pacto de Estado anunciado en 2024 que nunca llegó a concretarse y que debería llevarse a cabo al margen de los anticipos de indemnización a las víctimas del siniestro de 2025 y del registrado en 2022, en el que falleció un trabajador y otro resultó herido.

El pago de esos anticipos es una de las recomendaciones que la parlamentaria del Grupo Mixto y portavoz de Somos ha incluido en su propuesta de dictamen de la comisión, rechazado abiertamente por el PSOE, en la que exige responsabilidades para cuatro ex consejeros de Industria que, a juicio de Tomé, deben asumirlas de forma inmediata y no quedar supeditadas al proceso judicial abierto.

«¿De verdad quieren hacer creer a la ciudadanía y a las familias que este plazo es razonable?», señala la diputada en un comunicado en el que recuerda que las familias de los mineros fallecidos en el pozo Emilio del Valle, en León, tuvieron que esperar trece años para que hubiera sentencia y que la causa por el siniestro de 2022 en Cerrredo ni siquiera tiene fecha de juicio. Para Tomé, si el PSOE sigue «enrocado en su posición» sobre la asunción de responsabilidades, el presidente del Principado, Adrián Barbón, debería explicar entonces qué significa su «caiga quien caiga» para referirse a las consecuencias de la investigación sobre el accidente.

Además, recuerda que su propuesta de dictamen incluye también otras recomendaciones «inmediatas» como aplicar una moratoria total sobre los Proyectos de Investigación Complementaria -la figura administrativa en la que se amparó la extracción de carbón en Cerredo- hasta que exista regulación expresa o la incoación inmediata de los procedimientos sancionadores pendientes incluido el relativo a la garantía financiera de más de tres millones de euros que Blue Solving nunca llegó a constituir.

Asimismo, el borrador elaborado por Tomé requiere el traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal para que valore la existencia de indicios de responsabilidad penal y la aprobación a medio plazo de una ley de ordenación minera propia para Asturias que reemplace a la «desfasada» normativa vigente desde 1973, informa Efe.

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