Héctor Pérez, Santiago González, Héctor López y José María Pérez son los cuatro mineros que permanecen encerrados en las entrañas de la explotación Mina Miura, en Ibias, desde hace casi una semana. Son los últimos del grupo inicial de nueve profesionales que se encerraron en la explotación para pedir que se les dé el dinero que se les debe desde hace un año y, asimismo, poder retomar su actividad.

Reclaman que la actual propiedad pague las nóminas que debe Carbones La Vega y, una vez saldada dicha deuda, se retome la actividad. Uno de ellos, José María Pérez, explica a La Voz que, pese al «frío y la incomodidad» los «ánimos están bien».

«Recibimos mucho apoyo y cariño de la gente, cosa que agradecemos enormemente», destaca. «Ayer por la tarde el empresario dio la cara y dijo en una nota de prensa que pagaría en las próximas horas, pero no nos lo creemos», indica José María Pérez. «Prueba de ello», a su juicio, «es que ya pasó medio día y no hay ningún ingreso». «Ojalá nos equivoquemos», no ha dudado en afirmar.

En efecto, el pasado 22 de octubre se formalizó la venta de Carbones de La Vega SL, titular de los derechos de explotación del yacimiento, por parte de Chus Mirantes al empresario madrileño Fernando Martínez Blanco. En la explotación llegaron a trabajar medio centenar de personas, si bien cuando empezaron los impagos muchos se fueron a otras empresas como Carbonar y a otros sectores.

Chus Mirantes se encuentra actualmente imputado como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia, cuatro de lesiones y uno contra los derechos de los trabajadores en el pleito por el accidente en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros el 31 de marzo del pasado año.

Fernando Martínez prometía en la tarde de este lunes realizar el pago en horas, pero todavía no se ha establecido ningún proceso de negociación ni, por lo que comentan los trabajadores, ninguna comunicación con la plantilla.

Apoyo de Ecoloxistes n’Aición

A través de un comunicado, este martes Ecoloxistes n’Aición ha expresado «su solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de mina Miura» ante la «grave situación que atraviesan». La entidad considera que «resulta inaceptable que, una vez más, sean los mineros quienes soporten las consecuencias de una gestión empresarial fallida y de unas decisiones políticas que han generado falsas expectativas en el suroccidente asturiano». Es por eso que ha exigido «el pago inmediato de todos los salarios atrasados y la adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales de la plantilla».

Asimismo, ha reclamado la «depuración de responsabilidades políticas por parte de Enrique Fernández y de Nieves Roqueñí», cuya gestión «ha contribuido a prolongar artificialmente una actividad minera sin bases sólidas, alimentando expectativas que finalmente se han revelado como una auténtica estafa para la comarca y para sus trabajadores». Es, por tanto, «una broma de mal gusto que sigan al frente de Hunosa y El Musel dos personas que han dado claras muestras de incompetencia».

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