Luis Quiroga (Oviedo), coautor junto a Toni Timoner (Palma de Mallorca) de El ecologista de derechas, cuestiona en esta entrevista con La Voz de Asturias el encasillamiento ideológico del debate climático en España. A su juicio, la identificación casi automática entre ecologismo e izquierda ha empobrecido el debate y ha dificultadolas soluciones.

La creación del libro, asegura Quiroga, parte de la voluntad de demostrar que se puede defender una agenda climática seria, ambiciosa y rigurosa desde una sensibilidad distinta, más pegada a la responsabilidad, a la prosperidad y al realismo económico.

—En su libro abordan la creciente politización del cambio climático en los últimos años. ¿Qué riesgos tiene, a su juicio, convertir esta cuestión en un instrumento político?

—El principal riesgo es que deja de ser una política de país y se convierte en una trinchera. Cuando el clima se usa como arma partidista, lo técnico se subordina a lo simbólico, el dato pierde peso frente al eslogan y la ciudadanía acaba percibiendo la transición como algo impuesto por un bloque contra otro. Eso erosiona la legitimidad social de las políticas climáticas, y sin legitimidad social no hay transición duradera. El resultado es perverso: más ruido, más polarización y menos avances reales.

—Su planteamiento del ecologismo difiere del que en los últimos años se ha vinculado a la izquierda. ¿En qué se distancia exactamente su enfoque?

—Se distancia en el tono y en el método. Nosotros no partimos del moralismo, de la culpa o de la idea de que la solución pasa por empobrecerse o por prohibir cada vez más cosas. Partimos de otra lógica: la transición debe ser compatible con el crecimiento, con la competitividad, con la seguridad energética y con la cohesión territorial. Hablamos más de incentivos que de castigos, más de innovación que de decrecimiento, y más de cómo hacer viable la transición para familias, empresas y territorios que de exhibir superioridad moral. Ese enfoque, además, insiste en incorporar al proyecto a agricultores, ganaderos, industria, autónomos y pequeños municipios, no en tratarlos como obstáculos.

—¿Cuáles son las principales diferencias entre su propuesta y las políticas actuales que se están desarrollando en España en materia climática?

—La diferencia principal es que nosotros ponemos en el centro el coste de la energía, la competitividad industrial y la viabilidad social. Creemos que en España se ha abusado a veces del gesto simbólico, de los objetivos grandilocuentes y de una regulación que no siempre está bien secuenciada. Nuestra propuesta insiste en abaratar estructuralmente la electricidad, acelerar redes, almacenamiento y electrificación de la demanda, mantener el máximo pragmatismo tecnológico y usar los ingresos del carbono para aliviar costes a hogares y empresas. También damos mucha más importancia a la adaptación y a que los territorios que alojan infraestructuras de la transición vean beneficios tangibles en empleo, ingresos y servicios.

—Recuerdan que José María Aznar impulsó la creación del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo se explica que, con el tiempo, esta agenda haya quedado asociada principalmente a la izquierda?

—Porque la derecha hizo política ambiental, pero no construyó un relato ambiental propio. Hubo decisiones importantes: la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la firma de Kioto o la Oficina Española de Cambio Climático. Pero todo eso no se tradujo en una narrativa reconocible. La izquierda ocupó ese espacio y convirtió lo verde en una seña de identidad cultural y política. En otras palabras: la derecha ayudó a construir parte de la arquitectura institucional, pero la izquierda se quedó con el monopolio simbólico del relato.

—En términos concretos, ¿cuáles son las medidas clave que proponen para hacer frente al cambio climático?

—La primera es muy clara: abaratar la electricidad para que descarbonizar sea económicamente atractivo. Eso exige limpiar la factura de la luz de cargas ajenas al coste real, integrar más renovables con almacenamiento, reforzar redes y expandir la demanda eléctrica para repartir mejor los costes fijos del sistema. La segunda es no caer en dogmatismos tecnológicos: mientras no exista almacenamiento masivo y competitivo, hace falta generación firme y respaldo. La tercera es utilizar los ingresos del carbono para aliviar a hogares y empresas, no para engordar gasto corriente. La cuarta, que a menudo se olvida, es tomarse en serio la adaptación: agua, incendios, resiliencia territorial e infraestructuras preparadas para un clima más extremo. Y, además, creemos que hace falta introducir de verdad el principio de coste-beneficio en el diseño e implementación de las políticas climáticas: no basta con que una medida suene bien o sea simbólicamente atractiva; tiene que reducir emisiones de forma eficaz, ser asumible socialmente y aportar más de lo que cuesta en términos económicos y territoriales.

—¿Qué cree que no se está haciendo hoy y que debería estar ya en marcha?

—No se está haciendo con suficiente decisión una política de energía barata para reindustrializar. En un país como España, con una ventaja renovable tan clara, eso debería ser una prioridad nacional. Tampoco se está abordando con suficiente seriedad la adaptación, ni se está construyendo un verdadero contrato social en torno a la transición energética. Ese contrato social implica, primero, asumir que unas infraestructuras energéticas bien diseñadas responden al interés general del país, igual que en su día ocurrió con carreteras, puertos o embalses. Segundo, exige combatir mejor la desinformación que bloquea proyectos necesarios, como ocurre en ocasiones con ciertas campañas contra baterías o contra otras infraestructuras. Y tercero, implica asegurar que los territorios que alojan esas infraestructuras reciban beneficios tangibles, ya sea en empleo, ingresos fiscales, servicios o inversión local. La transición sólo será duradera si las comunidades la perciben no como una imposición externa, sino como una oportunidad compartida.

—Introducen el concepto de «capitalismo verde». ¿Cómo lo definiría y sobre qué pilares se sustenta?

—Para nosotros, el capitalismo verde no es maquillaje reputacional ni greenwashing. Es la idea de que los mercados, bien encauzados por reglas claras e incentivos inteligentes, pueden ser una herramienta decisiva para acelerar la transición. Se sustenta sobre cuatro pilares: innovación tecnológica, competencia, inversión privada y señales de precio bien diseñadas. La tesis de fondo es que el mercado no debe ser el enemigo de la descarbonización, sino uno de sus motores, siempre que el Estado haga bien su trabajo fijando un marco estable y corrigiendo los fallos que existan.

—Hablan de honestidad, responsabilidad, prudencia y rigor. ¿Qué papel juegan estos principios en su propuesta climática?

—Juegan un papel central, porque son la base de una política climática adulta. Honestidad significa no ideologizar la ciencia ni prometer imposibles. Responsabilidad significa pensar en el largo plazo sin romper el contrato social en el corto. Prudencia significa secuenciar bien los cambios, sin castigar antes de que existan alternativas viables. Y rigor significa evaluar costes, beneficios, impactos territoriales y resultados reales. En nuestra opinión, sin esos cuatro principios la política climática corre el riesgo de convertirse en propaganda, y la propaganda puede dar titulares, pero no resuelve el problema.

---

---

---