La Comisión Europea ha dado finalmente luz verde a su esperada Ley de Aceleración Industrial (IAA), una normativa presentada por el comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, como el inicio de un «nuevo ciclo industrial» para el continente. Sin embargo, lo que se anunció como un blindaje para el producto europeo ha aterrizado en el sector con un sabor agridulce, especialmente en Asturias. Mientras que para sectores como el automóvil o las tecnologías limpias las reglas son estrictas, la siderurgia del Principado se enfrenta a una realidad más compleja: la Comisión priorizará el acero verde, pero no necesariamente el acero europeo.

Sobre el papel, el objetivo central de Bruselas es ambicioso: lograr que la industria manufacturera recupere el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2035, revirtiendo décadas de declive que han llevado este indicador del 17,4% al 14,3% en los últimos veinticinco años. Para ello, la ley introduce requisitos de fabricación local para conceder ayudas públicas y simplifica la burocracia mediante «autopistas regulatorias» que agilizarán los permisos ambientales y de construcción, permitiendo incluso autorizaciones tácitas si se superan los plazos establecidos.

No obstante, la decepción ha calado hondo en las patronales del sector, como Unesid y Eurofer. Aunque la ley obliga a que al menos el 25% del acero utilizado en contratación pública y programas de apoyo (como la construcción o la automoción) sea bajo en carbono, ha omitido el requisito vinculante de que dicho acero sea fabricado en suelo europeo. Esta decisión deja la puerta abierta a que competidores de terceros países con menores costes operativos, pero que certifiquen bajas emisiones, puedan desplazar al producto local en las licitaciones públicas.

Para Asturias, que acoge el centro neurálgico del acero en España, esta omisión genera una incertidumbre directa sobre las millonarias inversiones de descarbonización. Proyectos críticos, como la acería eléctrica de Avilés y la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) de Gijón, buscan precisamente posicionar a la comunidad en la vanguardia del acero limpio. El temor del sector es que los fondos europeos terminen financiando, indirectamente, la producción de acero verde en países como India o Brasil, donde gigantes como ArcelorMittal tienen una fuerte presencia internacional, pero donde las condiciones de competencia y costes son radicalmente distintas a las del Viejo Continente.

«Sin unas normas claras y ambiciosas de «hecho en Europa» para el acero, y con una interpretación excesivamente amplia o irrestricta del origen, la Comisión Europea corre el riesgo de financiar la producción de acero verde desde el extranjero en lugar de fortalecer su propia base industrial», advirtió Axel Eggert, director general de Eurofer. Por el contrario, sectores como el cemento o el aluminio sí han logrado que se incluya una combinación de fabricación europea y baja en carbono en sus requisitos.

Blindaje para el coche eléctrico 

A diferencia del acero, otros sectores estratégicos han recibido una protección mucho más robusta. La ley establece que los vehículos eléctricos que reciban ayudas públicas deberán ser ensamblados en la UE y contar con un 70% de componentes domésticos. Además, se imponen condiciones drásticas a la inversión extranjera superior a 100 millones de euros, especialmente dirigida a frenar la competencia desleal de potencias como China:

• Mano de obra local: Al menos el 50% de los trabajadores contratados deben ser europeos.
• Control compartido: La propiedad extranjera no podrá superar el 49%, obligando a operar junto a empresas de la UE.
• Transferencia tecnológica: Los inversores deberán realizar acuerdos de transferencia de tecnología e invertir en I+D dentro del bloque comunitario.

«Estamos haciendo a las empresas chinas lo que China ha hecho a las empresas europeas durante los últimos 20 años», apuntan fuentes de la Comisión, buscando que la industria de la UE gane terreno en sectores donde la competencia de Pekín ha sido feroz.

Otro punto de fricción es la definición de «socios de confianza». La normativa considera producción europea aquella que provenga de países con acuerdos de libre comercio o reciprocidad. Esto podría abrir el mercado a regiones de Mercosur o la India, aumentando la presión competitiva sobre las factorías asturianas, que ya lidian con altos costes energéticos y normativas ambientales estrictas. No obstante, Bruselas aclara que los países que tengan políticas de preferencia local propias, como podrían ser Canadá o Estados Unidos, podrían quedar fuera de esta equivalencia si no garantizan una reciprocidad real.

Pese a las críticas, la Comisión mantiene que la medida brindará «confianza y previsibilidad» a los inversores. Estiman que la demanda de productos bajos en carbono generará más de 600 millones de euros de valor adicional para el acero, el aluminio y el cemento de aquí a 2030, además de salvaguardar miles de empleos durante la transición hacia una industria limpia. Además, la digitalización de los permisos supondrá un ahorro administrativo de unos 240 millones de euros para la industria manufacturera.

Una tramitación bajo presión

En todo caso, la batalla legislativa no ha terminado. El texto debe ser tramitado ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, donde los Estados miembros tienen la oportunidad de introducir modificaciones o incluso rebajar el contenido. El comisario Séjourné ha urgido a ambos organismos a actuar con celeridad para dotar al sector de la estabilidad necesaria.

El Gobierno asturiano y el sector siderúrgico nacional miran con lupa este proceso, esperando que se endurezcan los requisitos de origen para el acero durante las negociaciones. De no corregirse, el riesgo es que el «sueño verde» de Europa se construya con acero importado, dejando a las históricas factorías de Avilés y Gijón en una situación de vulnerabilidad estratégica frente a un mercado global que no siempre juega con las mismas reglas.

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