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Asturias aspira a rebajar este año la espera en dependencia de 451 a 180 días

La Voz REDACCIÓN

ASTURIAS

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco Paco Paredes | EFE

El plan tendrá un coste de 2,2 millones de euros e incluye el refuerzo de personal, de medios materiales y de procesos informáticos

25 feb 2026 . Actualizado a las 18:46 h.

El Gobierno asturiano ha diseñado un conjunto de medidas de choque para reducir el periodo de tramitación de las prestaciones vinculadas a la ley de dependencia, que actualmente se sitúa en 451 días, de manera que al finalizar este ejercicio la demora no supere el plazo legal fijado en 180 días. El plan tendrá un coste de 2,2 millones de euros e incluye el refuerzo de personal, de medios materiales y de procesos informáticos así como el uso de inteligencia artificial, según han anunciado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno la vicepresidenta del Ejecutivo, Gimena Llamedo, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

La administración autonómica recibe actualmente una media de mil solicitudes mensuales de una sociedad envejecida, en la que previsiblemente las solicitudes de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) seguirán creciendo con la jubilación de las generaciones del «baby boom», un incremento al que se han sumado los problemas derivados de la puesta en marcha de la herramienta informática SIGDEAS. Según Llamedo, «se imponía reconocer un problema y reaccionar con contundencia y sin escatimar recursos», lo que llevó a su departamento a impulsar el denominado Plan Agiliza junto a Derechos Sociales, una iniciativa que, según la consejera, demuestra la capacidad de respuesta del Gobierno y su compromiso con el estado del bienestar.

En el apartado de refuerzo del personal, el documento contempla que a partir de marzo se ponga la contratación de 41 funcionarios (un administrativo, once gestores y 29 trabajadores sociales). Un refuerzo que se sumará a la dotación actual —150 personas— y cuya labor se centrará en impulsar la tramitación de las solicitudes pendientes en tanto las demás medidas del plan van teniendo efecto de forma progresiva, informa Efe.