El Ayuntamiento de Castrillón perderá una subvención de 2,11 millones de euros procedente de los fondos europeos Next Generation destinada a la ampliación y mejora del Museo de la Mina de Arnao, un proyecto que incluía, entre otras actuaciones, la habilitación de una cafetería y la recuperación de nuevos tramos de galerías. La renuncia a esta ayuda se produce al ser imposible ejecutar la obra en los apenas tres meses que restan para que expiren los plazos. La situación ha provocado un cruce de reproches entre el equipo de gobierno del PP, la oposición de Izquierda Unida y del PSOE, así como los del exarquitecto municipal Álvaro Portela, que también ofrecen explicaciones contrapuestas sobre las causas que han impedido ejecutar el proyecto dentro de los plazos exigidos por Europa.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se atribuye la pérdida de la subvención a factores ajenos a la gestión municipal. El equipo de gobierno sostiene que el Ministerio redujo el plazo de ejecución de dos años a uno, excluyó posteriormente la cafetería incluida en el proyecto inicial y, finalmente, los retrasos en los informes preceptivos de Patrimonio —dependiente del Principado— y de Costas —dependiente de la Administración central— hicieron inviable la ejecución. El PP denuncia un «maltrato sectario» por parte de los gobiernos central y autonómico, ambos gobernados por PSOE, y encuadra este caso en un contexto más amplio de bloqueos, falta de inversiones y ausencia de interlocución institucional con Castrillón tras el cambio de gobierno municipal.

Por su parte, Izquierda Unida rechaza de plano esa versión y responsabiliza directamente al Gobierno municipal de una «gestión negligente» de la subvención, pidiendo además la dimisión «inmediata» de la concejala de Turismo, Marián Carbajal. Según IU, el Ayuntamiento conocía desde el verano de 2023 la alta probabilidad de obtener los fondos y, pese a ello, no avanzó en la preparación técnica ni administrativa del proyecto. La formación detalla que la subvención fue concedida provisionalmente en julio de 2024 y de forma definitiva en noviembre de ese mismo año, con margen suficiente para actuar «si hubiera existido voluntad política». IU sostiene que «la tramitación se dejó pasar deliberadamente», que los proyectos se adjudicaron tarde y que incluso se remitió documentación incompleta al Principado. A su juicio, la pérdida de los fondos conllevará además un coste económico adicional para el Ayuntamiento en forma de intereses por el reintegro, que ascenderían a un total de 34.735,04 euros. «Es la mayor pérdida de una subvención en la historia del concejo», lamentan desde IU.

El PSOE coincide en responsabilizar al PP de la pérdida de la subvención y acusa al equipo de gobierno de construir un «relato victimista» para «ocultar su incapacidad de gestión». Los socialistas recuerdan que entre la aprobación inicial de la ayuda, en julio de 2024, y la definitiva, en noviembre, ya era posible adelantar trámites y que, aun así, el Ayuntamiento dejó pasar meses sin licitar los proyectos ni encargar los estudios necesarios. El PSOE subraya que durante 2025 el Ministerio flexibilizó los plazos de ejecución y que los informes de Patrimonio son habituales en bienes de interés cultural como la mina de Arnao. También critica que la solicitud de informe se enviara en noviembre de 2025 sin adjuntar el proyecto, lo que considera un ejemplo del «cúmulo de errores y de la dejadez del Gobierno municipal».

Por otro lado, el exarquitecto municipal Álvaro Portela, que ocupó el cargo entre 2017 y 2024, desvincula la pérdida de la subvención tanto del Ministerio como del Principado. Si bien los proyectos debían ser supervisados por Patrimonio, «había tiempo desde 2022 para una correcta tramitación del expediente municipal» y la atribuye a un «bloqueo interno del propio Ayuntamiento». Según explica, los fondos estaban concedidos con suficiente plazo y con trabajos previos ya ejecutados y anteproyectos redactados. Sin embargo, Portela explica que el expediente quedó prácticamente «paralizado durante más de un año en la oficina técnica», sin que se avanzara en la redacción de los proyectos de ejecución ni en la licitación de las obras. El exarquitecto municipal apunta a «una oficina técnica sin medios suficientes» y a una «guerra política» tras el cambio de gobierno municipal, en la que, a su juicio, «ni el PP reaccionó a tiempo ni IU alertó del riesgo de perder los fondos», concluyendo que la causa fue «la dejadez administrativa y la incapacidad de gestionar el proyecto dentro de los plazos europeos».

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