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El Principado dice que el informe de la Inspección General sobre el Servicio de Minas tardará en conocerse

La Voz REDACCIÓN

ASTURIAS

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo.
El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La investigación comenzó hace más de nueve meses para analizar todo lo referente al Servicio de Minas y la documentación de la mina de Cerredo

27 ene 2026 . Actualizado a las 12:57 h.

El informe sobre el Servicio de Minas que se encargó a la Inspección General de Servicios tras el accidente que el 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo, en Degaña, aún no se ha emitido y, según el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, «aún va a tardar un tiempo». La Inspección General de Servicios inició hace más de nueve meses la evaluación del funcionamiento del Servicio de Minas y todo lo relacionado con los permisos, denuncias e inspecciones llevadas a cabo por este departamento en la mina de Cerredo.

El Gobierno asturiano acordó llevar a cabo esta evaluación del Servicio de Minas después de que el accidente minero destapase que había habido denuncias sobre la posible extracción ilegal de carbón que no llegaron a su destinatario o que hacía meses que no se había hecho una inspección. Campo, que ha comparecido este martes ante la comisión parlamentaria que busca posibles responsabilidades penales por dicho accidente y fallos en materia de seguridad minera, ha señalado que ya se han tomado medidas para mejorar el Servicio de Minas.

Entre ellas, ha señalado que se va a contar con un plan de inspección que aún se está elaborando y una campaña de inspecciones e instalaciones mineras de equipos de alta y baja tensión o equipos de comprensión que se inició el año pasado y continuará el próximo. También se está trabajando en la modernización del servicio con la renovación de la aplicación informática que hay para los planes de labores, que está obsoleta y la digitalización de los partes de accidente «para ganar eficiencia y productividad», así como del catastro minero, «en este caso para ganar en transparencia».

Por el momento, en tanto se culmina el plan de inspección y dada la alarma social generada tras el accidente del 31 de marzo, el viceconsejero ha señalado que «ya se están haciendo inspecciones sin preaviso, y alguna se hizo en el propio Cerredo». Hasta que llegó a la viceconsejería en mayo del pasado año, tras la remodelación del Gobierno que llevó a cabo el presidente del Principado, Adrián Barbón, a consecuencia del accidente minero y la posterior dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz, las inspecciones a las minas se hacían siempre con preaviso. El cambio fue una decisión compartida con el actual director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha señalado el viceconsejero, que ha remarcado que las inspecciones con preaviso es algo que se hace en todas las comunidades mineras.

Proyectos de investigación complementaria

Al ser preguntado si los proyectos de investigación complementaria que autorizó Minas en Cerredo pueden estar destinados a dar una «segunda vida» a las explotaciones de carbón sometidas a cierre desde 2018, Campo ha afirmado que la estrategia que sigue el Principado en materia de minería está alineada «con la europea de materias críticas y estratégicas». No obstante, ha afirmado que eso no es obstáculo para haya empresas que puedan tener intereses sobre otro tipo de explotaciones que hay que atender de acuerdo a la legalidad vigente.

Combayl y Blue Solving, recibieron ayudas del Instituto de Transición Justas por más de 1,5 millones de euros para desarrollar en Cerredo un planta de fabricación de briquetas para uso industrial, en el caso de la primera, y para una planta de valorización de subproductos y producir grafito, la segunda, si bien ninguna de ellas se cobró al ser revocadas tras el accidente minero. Según el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, los llamados proyectos de investigación complementaria no se han utilizado en otras comunidades ni el resto de Europa para explotaciones sometidas a cierre y puede ser un instrumento jurídico que vulnera la normativa europea sobre ayudas al carbón. Sobre esta cuestión, Campo ha señalado que su departamento no se ha planteado hacer una consulta previa a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea por la posible repercusión que pueda haber en cuanto al cobro de las ayudas, pero que sí «consultar al Instituto de Transición Justa, que es la encargada del seguimiento del plan de cierre», informa Efe.