Tras la terrible racha de 2025 en el sector de la minería, con una serie de accidentes que este año han costado la vida a varios trabajadores, incluida una explosión en la mina de Cerredo que acabó con la vida de cinco mineros y dejó varios heridos y, más recientemente, un derrumbe en una explotación de Vega de Rengos que mató a otros dos, el debate sobre la seguridad en el sector minero se ha intensificado y la Administración ha puesto en marcha medidas para tratar de mejorarla. 

El Gobierno del Principado, junto con sindicatos, empresas del sector y colegios profesionales, ha formalizado la constitución de una comisión especial de investigación sobre el accidente de Zarréu con la misión de analizar a fondo lo ocurrido y proponer cambios concretos para reforzar la protección de los trabajadores bajo tierra. 

Además, la Comisión de Seguridad Minera se ha reunido para evaluar también el siniestro de Vega de Rengos e intentar extraer lecciones y revisar planes de trabajo e inspecciones, pese a que en ese caso las primeras valoraciones apuntan a un hundimiento fortuito sin señales previas claras.

Las críticas de los representantes sindicales y de expertos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y el control administrativo sobre las explotaciones, evitar prácticas que puedan eludir responsabilidades y asegurar que se cumplan estrictamente las normas de seguridad, incluidas inspecciones más rigurosas y sin avisos previos, y sanciones efectivas cuando se detecten incumplimientos. Este impulso refleja un compromiso compartido de que el sector minero, históricamente peligroso, modernice sus protocolos y reduzca al máximo el riesgo para quienes trabajan en él. Pero hay que aplicarse mucho a ello para evitar situaciones que recuerdan mucho al siglo pasado.

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