Entidades sociales y plataformas de defensa de los derechos humanos, entre ellas la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura y Canarias, han denunciado este domingo la situación de «extrema vulnerabilidad» de tres menores extranjeros tutelados en el centro de menores de Loriana, en Oviedo, gestionado por la Asociación Centro Trama; y que se verán en la calle «tras dos años de negligencia administrativa».

Las entidades denuncian una cadena de errores y omisiones burocráticas que, a su juicio, vulneran la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Constitución Española, al priorizar políticas migratorias sobre el interés superior del menor. Entre las irregularidades señaladas figuran la realización de pruebas de determinación de edad a menores con pasaporte en vigor, la invalidación de documentos oficiales sin resolución judicial y la falta de tramitación de las autorizaciones de residencia y trabajo, obligación que corresponde a la administración en el caso de menores tutelados.

Las plataformas recuerdan que esta actuación contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Reglamento de Extranjería y diversos dictámenes del Defensor del Pueblo, así como directrices de la Unión Europea y resoluciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Según señalan, los jóvenes, debidamente documentados y bajo tutela administrativa, se enfrentan a una orden inminente de salida de los recursos de protección tras dos años de lo que califican como «negligencia administrativa», lo que supondría su expulsión directa a la calle.

Ante esta situación, exigen a las autoridades competentes en Asturias la paralización inmediata de cualquier orden de salida del centro, el reconocimiento efectivo de la minoría de edad conforme a la documentación oficial, la tramitación urgente de las autorizaciones de residencia y trabajo y el cese de las pruebas de edad que consideran invasivas e imprecisas.

Finalmente, advierten de que dejar a estos menores sin protección institucional no solo supone, a su juicio, un grave incumplimiento legal, sino que pone en riesgo la integridad física y jurídica de niños que las administraciones están obligadas a proteger, informa Europa Press.

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