Asturias registró en 2024 un total de 3.505 denuncias por violencia de género, la cifra más alta desde que existen registros y equivalente a 9,6 denuncias diarias, según la 13.ª edición del informe Violencia de Género y Empleo elaborado por la Fundación Adecco —con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— basado en datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Este volumen supone el 2% del total nacional, donde se contabilizaron 199.094 denuncias, un dato prácticamente idéntico al de 2023 tras varios años de crecimiento sostenido.

A diferencia de la tendencia estable del país, en el Principado las denuncias aumentaron un 1,9%, consolidando un máximo histórico. Asturias se sitúa así entre las comunidades donde más crecen las denuncias, junto a Navarra (+26,4%), Madrid (+6,5%), Castilla-La Mancha (+2,9%), País Vasco (+2,5%) o Cataluña (+2,16%). El estudio señala además que estos incrementos pueden relacionarse con una mayor disposición a denunciar, una red institucional más visible y una creciente sensibilización social. En el reparto territorial español, Andalucía concentra el mayor número de denuncias (40.168, el 20,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (16,1%), Comunidad Valenciana (13,9%) y Cataluña (12,8%).

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Esther Rodríguez

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza actualmente 34.684 mujeres con órdenes de protección o medidas cautelares en España, un dato que desciende por primera vez tras varios ejercicios de aumento continuo, aunque se mantiene un 9% por encima del registrado en 2019. Casi la mitad de las víctimas (47,7%) tiene entre 30 y 44 años: una franja de plena actividad laboral y con frecuencia asociada a responsabilidades familiares. En 2024 también se registraron 1.758 menores víctimas en procedimientos judiciales con medidas de protección.

El empleo como factor de protección

La Fundación Adecco también subraya en su informe que la situación laboral influye de forma decisiva en la vulnerabilidad. El 67,8% de las mujeres encuestadas no tenía empleo cuando comenzaron las agresiones, lo que dificulta la detección temprana y limita su capacidad para romper el ciclo de la violencia. El 91% afirma que la ausencia de trabajo incrementa la dependencia, el aislamiento y la inseguridad. Entre quienes han logrado acceder a un empleo, el 72% considera que trabajar reduce la probabilidad de volver a sufrir violencia, al proporcionar independencia económica, autoestima y una red social más amplia.

En este contexto, Asturias cerró 2024 con 2.285 mujeres víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, según el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). De ellas, 203 tienen discapacidad. Cabe destacar que la red de apoyo del Sepepa está formada por dos coordinadores y 25 tutores especializados repartidos por el territorio. Su labor acompaña a las mujeres primero en la recuperación personal y después en la reincorporación al mercado laboral. El año pasado, 1.165 mujeres lograron volver a trabajar, firmando 3.050 contratos, de los cuales 819 fueron indefinidos.

Para acceder a estos servicios es necesario acreditar la condición de víctima mediante documentos emitidos por juzgados, fiscalías, centros asesores de la mujer o casas de acogida, que son además los principales puntos de derivación. Aunque no existe un perfil homogéneo en cuanto a nivel formativo, el 90% de las mujeres atendidas reside en el área central de Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés y las cuencas mineras). Por nacionalidad, 1.865 son españolas, lo que representa el 81%. Al cierre del año, 745 mujeres percibían algún tipo de prestación.

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