El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan José Fernández, ha advertido de la dificultad que puede llegar a tener un inspector para detectar una actividad irregular en una explotación minera si el empresario tiene el «afán de engañar». Así lo ha dicho este miércoles en la comisión parlamentaria que investiga el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores por una explosión de grisú registrada en la mina que explotaba Blue Solving.

El máximo representante de la entidad colegial, que forma parte de la comisión especial de seguridad minera que investiga el accidente, ha asegurado que es «posible ocultar» una actividad irregular si el empresario tiene esa intención. En este sentido, ha explicado que si en una explotación minera hay zonas en las que se indica que no hay ventilación y por lo tanto «no hay condiciones mínimas para entrar», el inspector no accede por su seguridad. «Si (esa zona) se quiere usar para encubrir una labor es tema del empresario y del director facultativo», ha apuntado tras comentar que, por lo general, la autoridad inspecciona los sitios que cuentan con condiciones de seguridad.

El decano ha afirmado que un empresario de este sector tiene asumir una «responsabilidad con la sociedad, el medioambiente y las personas que están a su servicio» y el que «no entienda esto debería dedicarse a otra cosa». «La actividad minera, como tal, no debería penalizarse porque haya personas que hagan cosas que poco tienen que ver con la minería, que es una actividad legal y autorizada. Si un empresario presuntamente hace cosas que no debe, el infractor es el empresario. A ese hay que sancionarle», ha apuntado.

Fernández ha manifestado que la autoridad minera programa las visitas en función de la peligrosidad de la labor que se realiza y si en el caso de Cerredo había una autorización para retirar material «a lo mejor con una inspección anual puede ser suficiente». «En este caso, por lo que se decía que estaban haciendo, el riesgo es muy bajo y requería muy pocas inspecciones a mi modo de ver», ha indicado tras poner como ejemplo que si la autorización es para extraer carbón en un pozo vertical en el que trabajan 800 trabajadores requeriría una revisión cada uno o dos meses.

Fernández, que ha sostenido que cualquier proyecto que se realice en el ámbito minero siempre debe contar con una autorización previa por parte de la autoridad minera, ha señalado que el traspaso de titularidad de una explotación se concede si se cumplen los requisitos, en un procedimiento que «está reglado». También ha apuntado que un permiso de investigación complementario se puede otorgar mientras la concesión esté activa, y en el caso de Cerredo le «consta» que las concesiones estaban activas.

El decano ha asegurado no tener los datos suficientes acerca del accidente en la mina para realizar un análisis de lo ocurrido y ha recordado que existe una investigación judicial que se encuentra bajo secreto de sumario. «Hay mucho que analizar. No podemos decir qué paso», ha dicho sobre las causas del siniestro tras poner en valor el «prestigio a nivel nacional» que tiene la autoridad minera en el Principado, informa Efe. 

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