La conocida como Ley de Nietos, integrada en la Ley de Memoria Democrática, ha abierto una oportunidad histórica para miles de descendientes de españoles en todo el mundo. Esta norma, impulsada con el objetivo de reparar las consecuencias del exilio y las pérdidas de nacionalidad vinculadas a la dictadura y al contexto político del siglo XX, permite a hijos y nietos de españoles optar a la nacionalidad española, incluso cuando las generaciones intermedias hubiesen perdido ese vínculo.

El impacto de esta ley podría ser especialmente relevante en comunidades como Asturias, una de las regiones que más emigración registró durante el siglo pasado. Entre finales del XIX y buena parte del XX, decenas de miles de asturianos cruzaron el Atlántico rumbo a América Latina, especialmente a países como Cuba, México, Argentina, Uruguay o Venezuela, en busca de oportunidades. Sus descendientes, muchos de ellos con raíces profundamente asturianas, son ahora potenciales beneficiarios de esta legislación.

Según la Ley de Memoria Democrática, podrán optar a la nacionalidad española quienes cumplan alguna de las siguientes condiciones: ser hijos o nietos de españoles de origen; ser descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978; o ser hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad por la anterior Ley de Memoria Histórica. También podrán acogerse aquellos que, siendo hijos de españoles nacidos en España, hubiesen adquirido la nacionalidad no de origen según el Código Civil, y ahora deseen convertirla en nacionalidad de origen.

El procedimiento debe realizarse de forma presencial en el Registro Civil o en los consulados de España en el extranjero, según el lugar de residencia del solicitante. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 21 de octubre de 2025, tres años después de la entrada en vigor de la ley. Cada solicitante debe aportar documentación acreditativa, como certificados literales de nacimiento propios y de sus ascendientes españoles, y en algunos casos pruebas del exilio, que pueden incluir registros de residencia en países de acogida, pasaportes con sellos de entrada o documentación de organismos internacionales o entidades vinculadas al apoyo a refugiados.

En el caso de Asturias, el posible efecto demográfico de esta ley resulta llamativo. Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos descendientes de emigrantes asturianos podrían acogerse al proceso, se estima que la comunidad asturiana en el exterior se acerca a la población residente en el Principado. Muchos consulados españoles en América Latina han registrado una notable afluencia de solicitudes, y buena parte de ellas provienen de descendientes de familias originarias de regiones del norte de España.

La obtención de la nacionalidad española por esta vía es considerada de origen, lo que significa que los nuevos ciudadanos gozan de los mismos derechos que cualquier español nacido en territorio nacional. Esto abre la puerta a un eventual regreso de descendientes de emigrantes a España, algo que podría tener un impacto demográfico significativo en territorios envejecidos y despoblados como Asturias.

Si una parte de los descendientes de los emigrantes asturianos optase por establecerse en la tierra de sus antepasados, el efecto sobre la población regional sería notable: Asturias, con poco más de un millón de habitantes y una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, podría ver duplicada su población a largo plazo.

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