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Alejandro Calvo: «Pedimos que se bonifique al 100% el peaje del Huerna, eso está en la mano del Gobierno»

ASTURIAS

Alejandro Calvo
Alejandro Calvo

El consejero de Movilidad afirma que el dictamen de la Comisión Europea es tajante sobre la ilegalidad de la prórroga

14 oct 2025 . Actualizado a las 14:23 h.

Los dictámenes europeos han determinado la ilegalidad de la prórroga del peaje en el Huerna, la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta y que fue prolongada por Francisco Álvarez-Cascos hasta 2050. El Principado ha urgido al Gobierno central a aplicar el dictamen y eliminas el peaje, pero el Ministerio de Transportes se resiste de momento. Según recalcó el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, El Principado actúa de forma coordinada con otras comunidades afectadas como Galicia y Castilla y León y ha defendido la posición unánime del parlamento asturiano contra la tasa.

—¿En qué situación estamos realmente y cuál es la capacidad real que tiene la administración autonómica de presionar para para eliminar ese peaje?

—Hay cosas que estamos valorando y lo hacemos tras una primera revisión contrastada jurídicamente del dictamen final. Cuando se publicó el dictamen había una parte que era confidencial y esperamos a verla, a ver el dictamen completo y por eso digo que, cuando hablamos, hablamos porque tenemos un conocimiento de fondo; de la explicación de cada uno de los asuntos. No es que de repente nos haya dado por acelerar, sino que lo hacemos porque hay razones jurídicas de mucho peso. Fue a partir de eso, y durante el verano, después del dictamen de julio, cuando hicimos dos comunicaciones: una al Ministerio, que realmente es quien tiene capacidad de allanarse al dictamen, dándolo por bueno, pero parece que por razones económicas quieren ganar tiempo. Y luego una segunda comunicación con la Comisión Europea, para ponernos a su disposición por si necesitaban información adicional, pero sobre todo para tener un hilo de comunicación que mantenemos. Que lo mantenemos es lo que explica que el otro día cuando estuve en Madrid y fui saludar al vicepresidente de la comisión Stéphane Séjourné y al verme directamente me dice «sí, sí, estoy sobre el peaje y sobre Arcelor». Es que él habla perfecto castellano porque estuvo de Erasmus en Granada. Bueno, queremos seguir presionando políticamente en Bruselas porque la comisión fue muy contundente y por mucho que haya tentaciones de que esto no vaya rápido Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se van a encontrar que nosotros ahí tenemos que presionar, es una presión más política crítica que otra cosa.

—También en los tribunales.

—Estamos valorándolo, pero no va a ser inmediato. Sí hay la posibilidad de abrir algún tipo de nuevo procedimiento en base a las razones jurídicas que contiene el dictamen en el TJUE; pero fundamentalmente pensamos en el en el escenario de la justicia española. Por un lado, una parte administrativa, la revisión de oficio de la prórroga y; en su caso, el contencioso, pero eso sería un procedimiento al que nos daría pie esa revisión de oficio. En los últimos días ha habido también una comunicación conjunta de los consejeros de las tres comunidades afectadas, de Asturias, Galicia y Castilla y León y eso se suma a la que ya habíamos hecho individual, pero con más contenido, con solicitud de documentación concreta, entre ella, el expediente de la prórroga.

—Da la impresión, al menos desde fuera, de que esto es el fin del peaje, pero que el Gobierno central quiere retrasarlo todo lo posible.

—Nosotros tenemos claro que lo que dice la comisión, y lo dice de una manera contundente, es que incumplió la legislación europea. Y por lo tanto, el peaje tiene que ser nulo de pleno derecho. Lo que dice el Ministerio, quienes no quieren verlo, es que pese a que el dictamen diga eso, ellos no lo van a aceptar hasta que no haya una sentencia. Pero nosotros entendemos que los hechos que aparecen en el dictamen son suficientemente claros para darse por buenos. Y lo que tenemos que lograr es que, ya sea por un camino o por otro, poder refrendar, administrativa o jurídicamente el fin del peaje. Y por eso estamos viendo varios caminos, Nosotros creemos que sí, que es el fin del peaje, puede extenderse el trámite ante el TJUE pero la prórroga es nula y no puede tener efectos.

—Entiendo que cuando el Ejecutivo central se refiere a que tiene que defender el interés general es porque teme un rescate muy oneroso ¿es así?

—Esa es la explicación que dio el secretario de Estado, como de la hipoteca, pero es que no tiene nada que ver con el punto en el que estamos. Hay una cuestión que es puramente política y por eso lo primero que pedimos sería bonificar el 100% del peaje. Eso por lo menos no sería lesivo para los asturianos y daría un mensaje claro, de intención política. Eso está en la mano de este gobierno y sin ningún tipo de atadura y supondría multiplicar por cuatro las actuales bonificaciones. Es decir, llevarlas hasta los 48 millones al año que ingresa Aucalsa. Estos días ya ves que incluso Francisco Álvarez-Cascos da consejos y, pensando supongo en el bien de Aucalsa y de los fondos y los lobbies que hay detrás, hablaba de poder convertirlo en un peaje en la sombra. Nosotros no hablamos de eso, pedimos que se bonifique el 100% y luego si la prórroga es nula, es que eso no tiene nada que ver con un rescate. En un rescate habría que hacer un cálculo, una estimación desde aquí hasta el año 2050, sobre qué necesidades de inversión, de amortizaciones, de ingresos y gastos habría. Y es que ni siquiera tenemos la información para evaluarlo en detalle. Pero si hay una nulidad tenemos que ir al año 2021, cuando tenía que haberse acabado la concesión y poner el reloj a cero. Ver qué se ingresó por un lado, qué se invirtió por el otro y hacer unas cuentas. Desde luego que el concesionario planteará algún tipo de recursos, actuaciones o lo que fuese, pero no habría que esperar por ello para que el peaje desapareciese. En realidad nuestra opción es la mejor para la administración porque de lo que estaríamos hablando es de liquidar estos 4 años de prórroga ilegal, y sacar esas cuentas respecto de lo que haya ingresado la concesionaria y lo que haya gastado. Pero es que esto lo tienen que entender también en el Ministerio, que el interés general, la salida menos onerosa para para el Ministerio es la nulidad.

—El plano político tiene muchas aristas, una es el enfrentamiento entre el gobierno de Asturias y el central ¿están saltando chispas?

—No, no, a ver. Sí tuvimos algunos desencuentros en lo que tiene que ver con el desarrollo de las infraestructuras, el más el más claro fue el problema con el desistimiento del vial de Jove y aquella insistencia en hacerlo en superficie contra el criterio de la ciudad, de los vecinos y el nuestro. Es cierto. Pero en la cuenta de resultados tenemos la apertura de la Variante de Pajares, tenemos el desarrollo del plan de cercanías, en el caso del peaje sabíamos que era una petición justa, pero no se veían mimbres jurídicos para poder ir a por ello. Ahora entendemos que podemos hacerle ver al gobierno que esto es políticamente viable. Que además en el Gobierno está Sumar, que defiende una posición parecida y el Bloque Nacionalista Gallego, que es quien lidera este procedimiento en Galicia, es socio de investidura. Es decir, que se dan muchos mimbres para que políticamente, al menos, se intente. Apostar por la bonificación, porque estos dos peajes está claro que son un agravio, un agravio histórico que ha quedado por la decisión que tomó el Partido Popular en aquel momento. Y el dictamen lo que deja claro es que fue una privatización muy irregular y con prácticas de enriquecimiento, al menos para la privatización.

—Ya ha mencionado a Cascos, también el PP les ha presionado con este tema.

—Evidentemente mi papel aquí ha sido intentar trabajar por la por la unidad, intentar no aprovechar esto en el debate político, trasladar esta responsabilidad al PP, pero claro, llega un momento que cuando directamente lo que se actúa es con absoluta hipocresía, hay que responder. Es que están intentando darle la vuelta poco menos como que la responsabilidad es del Gobierno de España actual. No han sido capaces ni de decir que es ilegal, y que salga Cascos a dar consejos es que nos da ya idea de cómo funciona la derecha. Porque si esto nos pasara a nosotros no sólo estaríamos pidiendo perdón es que tendríamos tanto pudor que seguramente no estaríamos saliendo a la palestra. ¿Usted cree que el peaje cuando se prorrogó fue adecuado? Porque todavía hasta hace dos días había gente de aquí que lo defendía, ¿no? Y que había sido en su día una decisión buena, ¿no? Eso es lo que no puede ser, eso es lo que hace que la gente a la política la vea como un teatro. Esto es tan fácil como mirarse unos otros a otros a los ojos y decir la verdad. Oye, esto no se pudo solucionar hasta ahora, porque económicamente hablar de un rescate era algo que seguramente estaba fuera de la capacidad de los gobiernos, pero ahora con una razón de legalidad no hay excusa. Yo ahora voy a centrarme en la unidad, porque además creo que en sí es muy buena noticia, que por una vez por todas en un asunto concreto, puede haber unanimidad y que veamos esto como un ejemplo de lo que se puede hacer para lograr cosas.

—¿No debe hacer también autocrítica la izquierda de los partidos del gobierno en Asturias? Si se llega a esta situación es gracias a alguien que ya no está en política activa, Daniel Ripa siendo secretario general de Podemos Asturies.

—Pues sí, seguramente en su momento nos faltó haber tenido la inteligencia para ver la relación con un trabajo que salía de una asociación de usuarios gallega, el ver esas similitudes y que aquello pudiese tener recorrido en una denuncia ante la Comisión Europea. Eso tiene un mérito. Quizá nosotros por estar en el gobierno y saber que estas batallas jurídicas normalmente son de David contra Goliat pues no lo vimos, no vimos el alcance que podía llegar tener. Pero una vez que se ve que esto es posible, la izquierda yo creo que lo tiene claro. Tengo que insistir en que el dictamen, mostrando las irregularidades, los incumplimientos de la legislación europea, lo que hace es la descripción de un proceso de privatización típico del PP.

—Más allá del Huerna, pero también en comunicaciones ¿están preocupados por la marcha de Ryanair del aeropuerto de Asturias?

—Ahora mismo por suerte tenemos multitud de compañías que operan en el aeropuerto y no hay una dependencia por una compañía en concreto. Ryanair pues está en esta batalla contra AENA y el Gobierno de España, buscando sacar más rentabilidad. Pero aquí en Asturias lo que tenemos son unos contratos hasta abril y después se volverán a licitar. , pero en este otoño eh se iban a licitar, eh hay que licitarlos de nuevo, se acaban en abril, por lo tanto los licitamos de nuevo. Es mala noticia la manera de anunciarlo, esas formas rupturistas, pero habrá un concurso y con las empresas que se presenten trabajaremos por estos destinos o unos alternativos como tenemos en el resto de conexiones. No tengo ninguna duda de que vamos a tener destinos alternativos y que vamos a mantener este nivel de conectividad que es el más alto que ha tenido Asturias en la historia. De hecho, nos consta que hay ya compañías interesadas en ese espacio.

—¿Y los trenes, habrá operadores privados en alta velocidad?

—Lo que sabemos es que, a día de hoy, cualquier operador que tenga trenes de pasajeros de ancho variable homologados, como Talgo, con sus modelos 106, aunque con retrasos y dificultades en las entregas, tiene una capacidad de producción limitada. CAF dispone también de un tren homologado, aunque no llegó a fabricarse en serie, y su carga de trabajo actual es muy alta. La única posibilidad de disponer de trenes antes sería abrir el mercado a fabricantes extranjeros, como los chinos, aunque conseguir las homologaciones necesarias parece complicado. No obstante, estos fabricantes suelen trabajar a otro ritmo y podrían acelerar los plazos. Respecto a los operadores, Alsa se está posicionando para operar servicios ferroviarios, por ahora de mercancías, pero no sería difícil que diese el salto al transporte de pasajeros. Aunque probablemente no veremos trenes ni operadores privados en circulación antes de cuatro años, conoceremos mucho antes cómo se va definiendo ese proceso de apertura del mercado. Algunos operadores llegaron a plantear que Renfe cediese trenes 106 a empresas privadas, pero sería poco lógico que Renfe perdiera cuota de mercado para favorecer a la competencia. En cualquier caso, la liberalización podría tener ventajas en Asturias, ya que el corredor se ha mostrado muy rentable y con alta demanda. A corto plazo, sin embargo, lo prioritario es que Renfe se mantenga fuerte y aumente su oferta en cuanto sea posible. La compañía está ofreciendo precios razonables, con descuentos y bonos atractivos, y un servicio que mejora a medida que avanza la modernización de la infraestructura: el desdoblamiento entre Palencia y León, y las renovaciones entre Pola de Lena y Oviedo, y entre Oviedo y Gijón. Aunque cada retraso acabe siendo noticia, el servicio está plenamente consolidado, con más de dos millones de viajeros en la variante.