La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogerá este martes un juicio contra los exalcaldes de Ridadedeva Alejandro Reimóndez y Jesús Bordás por un delito continuado de prevaricación, para los que la Fiscalía solicita, respectivamente, una pena de nueve y doce años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Según el escrito del Ministerio Público, Reimondez, que ejerció el cargo entre junio de 2003 y junio de 2011, adjudicó de manera directa, bajo la figura de un contrato menor y sin la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva, la prestación de los servicios en materia de arquitectura y urbanismo, prorrogando el contrato en el tiempo durante años con una cuantía muy superior a los límites legales.

La Fiscalía sostiene que lo adjudicó con incumplimiento de las normas que regulaban la contratación en el sector público y con la finalidad de eludir los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato. El 26 de agosto de 2003, el entonces alcalde dictó un decreto por el cual resolvió celebrar un contrato de consultoría y asistencia con una empresa, adjudicado de manera directa como contrato menor y que fue prorrogado mediante «prórrogas tácitas» hasta más allá de su cese en el cargo.

Por su parte, el exregidor Bordás, elegido alcalde en 2011, 2015 y 2019, también mantuvo la prestación de estos servicios con incumplimiento de las normas que regulaban la contratación en el sector público y con la finalidad de eludir los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato, según la Fiscalía. De esta forma, igualmente mediante prórrogas tácitas mantuvo el referido contrato de asesoramiento con una cuantía muy superior a los límites legales.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación y solicita que se condena a Reimondez y a Bordás, respectivamente, a la pena de nueve y doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público en las corporaciones locales, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por ese período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera, informa Efe.

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