Demasiadas declaraciones, a veces unánimes y otras cargadas de polémica, de carácter internacional para un parlamento autonómico de 45 diputados. Así lo ve el PP quien ha pedido que se limiten las presentaciones de proclamas en la Junta General a favor o en contra de colectivos más allá de las fronteras nacionales. Los populares ya vieron objeciones en una declaración presentada la semana pasada por Podemos sobre la cuestión del Sáhara; días atrás desde IU se lamentaron que los conservadores hubieran demorado, por pedir más tiempo para estudiarla, una iniciativa a suya sobre la persecución (con condenas a campos de concentración) de los homosexuales en Chechenia. Demasiado lejos o demasiado confuso, desde el PP temen ante todo que se pueda entrar en algún tipo de conflicto diplomático.

Fuentes del PP precisaron que no se trata de ningún veto a declaraciones internacionales en general aunque consideran que los grupos con representación en el parlamento asturiano han entrado en «un bucle» y una «retahíla» de llamamientos a la solidaridad transfronteriza que, a su juicio, transciende demasiado la capacidad de la Junta General.  Los populares temen que, por desconocimiento sobre una materia concreta, se pueda meter la pata, que una declaración contundente contra la política de un determinado país pueda llegar a coincidir con una reunión diplomática y tenga algún tipo de repercusión. Y han señalado el caso de Gijón, que votó en el pleno consistorial un boicot a productos israelíes, y que derivó en una amarga polémica política cuando la selección de ese país acudió a enfrentarse a la nacional en el Molinón el pasado mes de marzo.  

Fue en enero de 2016 cuando Gijón (con los votos de PSOE, IU y Xixón Sí Puede) se declaró «concejo libre de Apartheid israelí», lo que además de la carga simbólica llevaba aparejadas unas consecuencias: «impedir contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los derechos Humanos, no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas o organizaciones que participan, colaboren u obtengan beneficio económico de la violaciones del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los derechos Humanos, y fomentar la cooperación con el movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones) articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina y a nivel autonómico y local por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe». Así rezaba la declaración de motivos de los grupos proponientes.

Pero no contó con el apoyo del equipo de Gobierno municipal, de Foro, que si ya se distanció de la medida en un inicio, se alejó aún más cuando en la víspera de la celebración del partido algunos medios israelíes comenzaron a preguntarse por los motivos para elegir una ciudad que se les declaraba adversa. La polémica creció, con anuncios de protestas en la calle y en el campo, y un cambio de criterio del PSOE que presentó en marzo una moción de urgencia para revocar el acuerdo de enero. Se aprobó con el apoyo de Foro y PSOE, pero el resto de grupos, incluido el PP, abandonó el pleno por considerar el procedimiento irregular.

Las declaraciones institucionales en la Junta General son habituales y suelen contar con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios. El pasado 31 de marzo se dio lectura a una iniciativa de respaldo al Día de la visibilidad de las personas trans y a comienzos de abril se celebró en la sede la Conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano; todavía para el pleno de esta semana, Izquierda Unida ha propuesto una declaración «a favor de la visibilización de lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI), atendiendo a que el próximo día de mayo se celebra el día mundia contra la LGBTIfobia)». 

Lo cierto es que el propio grupo parlamentario popular asturiano llevó al parlamento autonómico una declaración sobre Venezuela, fue el año pasado y el texto de la proposición no de ley reclamaba la liberación inmediata de todos los presos políticos de Venezuela. La misma redacción se había elaborado para una propuesta igual presentada a nivel nacional en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, Democracia i Llibertat, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias. En ese debate en la Junta General, los grupos se cruzaron todo tipo de acusaciones y reproches sobre todo tipo de cuestiones: desde los derechos humanos en Arabia Saudí a la contundencia de cada uno en la condena a la dictadura franquista.

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