Este lunes debía cerrarse el plazo para la presentación de enmiendas de los grupos al texto de la reforma electoral asturiana, aunque el PP solicitó que se ampliara el periodo, una reclamación que fue atendida por los socialistas quienes expresaron su deseo de que la ampliación fuera concedida por el conjunto de partidos. Queda así abierta definitivamente la vía para que la reforma sea debatida en la cámara pero su aprobación dependerá no sólo del acuerdo político sino también de que varios de sus elementos reciban luz verde por parte de los informes jurídicos de los letrados del parlamento.

Ese fue el límite fijado por el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Lastra, quien advirtió que los tres grupos (PSOE, IU y Ciudadanos) que han desarrollado la mayor parte del acuerdo «queremos tener un debate constructivo pero el tronco común de la propuesta es este» y no se parara en «dirimir cuestiones constitucionales». El portavoz socialista se refería a las enmiendas planteadas por Podemos la semana pasada, fundamentalmente relacionadas con la limitación de mandatos a 8 años (que los morados quieren extender no sólo al presidente sino también a los diputados autonómicos) y la sustitución de diputados sobre los que pese una imputación por casos de corrupción. Podemos quiere que sea obligatoria y definitiva. En la propuesta inicial de reforma se incluye una sustitución voluntaria y temporal ya que el escaño pertenece al diputado y no al partido, ya además otros grupos han destacado que la revocación de investigados podría chocar con el concepto de presunción de inocencia. 

Lastra advirtió, sin citar a Podemos, sobre «propuestas inviables jurídicamente que pueden ser llamativas y resultonas» pero que se presentan «para que otros digan que no. Eso no nos gusta, hay que ser serios. Algo que suena bien pero es ilegal o inconstitucional no lo vamos a discutir» y señaló que respecto a estas cuestiones estarán a la espera de lo que dictaminen los servicios jurídicos del parlamento «y para nosotros su juicio será definitivo». El acuerdo con Podemos, es en todo caso, imprescindible para que la reforma salga adelante ya que necesita ser aprobada por por tres quintas partes de la cámara. 

Por su parte el portavoz de IU, Gaspar Llamazares apeló a un acuerdo entre los grupos como «una oportunidad que no debemos perder por segunda vez porque da solución al problema de 'una persona, un voto' y es compatible con las tres circunscripciones» y porque introduce «mecanismos de participación ciudadana que son pioneros e inéditos en España». Llamazares añadió que «vamos a ser flexibles y permeables para que sea lo más consensuada posible».

Reticencias del Estado

Pese a todo, pese a que a que a raíz de la enmienda de Podemos vaya a debatirse la sustitución de diputados que hayan sido imputados por delitos de corrupción, lo cierto es que el Estado ya advirtió contra la disposición asturiana a plantear las sustituciones temporales. En un informe remitido al parlamento asturiano el pasado mes de marzo por Ministerio de Interior se señalaba que los supuestos que contempla la ley orgánica LOREG para la sutitución de diputados se limitan al fallecimiento, incapacidad o renuncia. La ley asturiana había introducido esta cuestión pensando principalmente en bajas por enfermedad o maternidad, pero Interior señalaba que debía solucionarse habilitando «sistemas de videoconferencia».

Interior también ponía objecciones al voto anticipado por entender que se trata de «una nueva modalidad» de voto no incluída en la ley orgánica más allá de las previstas por correo y presencial. La norma asturiana plantea también que se introduzcan las primarias en la selección de los candidatos de partidos, pero lo hacía sin nombrar explícitamente el término primarias y se refería a un método de «participación directa de, al menos, los militantes» del partido También objetaba el Ministerio esta cuestión porque, a su juicio, podría invadir las competencias de «autoorganización» de las formaciones políticas.

Todos los cuestionamientos del Estado a las sustituiciones temporales de diputados tienen también relación con la limitación de mandatos a ocho años, una de las enmiendas de Podemos, porque afectan al derecho al sufragio pasivo, es decir, a la capacidad de ser elegido en las urnas, y que está marcado por una ley de rango superior sobre las que la comunidad autónoma no tiene competencia.

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