Sólo en Asturias se han dado casos de denuncias ante los ayuntamientos por los planes de empleo desarrollados el años pasado. Sentencias que, tras considerar que en determinados casos se habían cubierto puestos estructurales en los consistorios, dictaron indemnizaciones que han supuesto, según la valoración realizada por IU, alrededor de 10 millones de euros en pagos que han mermado las arcas municipales. La misma cantidad, 10 millones de euros, es el monto de la convocatoria de este nuevo año (que se abrirá en septiembre) y que prevé que se puedan realizar hasta 700 contratos en los concejos asturianos. Pero con un diferencia, en esta ocasión y para evitar denuncias, los agentes sociales, la Federación Asturiana de Concejos y el Principado, llegaron a un acuerdo para dar un carácter de «reinserción laboral» a estas ofertas y, dado que el único modelo de contrato que se permite en estas convocatorias es el de obra y servicio, para lograrlo se compaginará el trabajo a partir del séptimo mes de ocupación con orientaciones de técnicos del servicio asturiano de empleo que marcarán un itinerario laboral personalizado para cada beneficiario, uno que se prolongará más allá del año de duración de contrato.

No hay más opciones, es la única salida jurídica que ha encontrado la FACC, dado que se trata de una competencia estatal y ya no existe el contrato específicamente de «reinserción laboral» (abolido por abusos reincidentes tanto por parte de los ayuntamientos como de la patronal». Tampoco es una opción el contrato de formación «porque no tendría prestación de desempleo una vez terminado el contrato», destacó el presidente de la federación y alcalde Navia, Ignacio García Palacios, quien apeló en todo caso a la «autonomía local» de los ayuntamientos para acogerse o no la convocatoria de este año en los casos en los que pudieran tener dudas.

«Después de estudiar todas las cuestiones de cobertura legal y jurídica que hemos estudiado desde la FACC ésta es la opción que mejor podría adaptarse con una filosofía distinta. No es algo arbitario, en este consejo rector ha estado la FACC, la FADE, los sindicatos, que otros años no estaban y no pudieron opinar. A partir de ahí está la autonomía local; a mí como Ayuntamiento de Navia me vale. pero respeto que cada uno haga lo que le parezca mejor con toda la razón del mundo», señaló García Palacios quien destacó en todo caso que se trata de 10 millones de euros «para gastarlos en empleo, no los vamos a desaprovechar». El alcalde Navia destacó además que en ese consejo rector de la FACC «están los asesores políticos de todos los grupos que hay en Asturias, si alguno tiene otra idea que la ponga encima de la mesa y nos ilumine».

Ha sido desde IU, con declaraciones de distintos concejales en varios concejos donde se ha valorado la medida como un avance pero «insuficiente». El edil de la coalición en Oviedo, Iván Álvarez destacó además que, a su juicio, debería extenderse el modelo propio de la capital asturiana, en Plan Oviedo Trabaja, que «sorteó las deficiencias» de la convocatoria del Principado. Sin embargo, el presidente de la FACC insistió en que se trata de una competencia estatal en la que el el Ejecutivo asturiano tiene poco que decir. 

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