Los planes de empleo locales permitirán la contratación de 700 personas durante un año, aunque en esta convocatoria la iniciativa tendrá un carácter de inserción social de manera que a partir del séptimo mes los trabajos se acompañarán de orientaciones de técnicos del servicio asturiano de empleo, el SEPEPA, dirigidos a la marcar itinerarios laborales personalizados para los beneficiarios. La directora del SEPEPA, Luisa Pérez, anunció este martes que los planes contarán con un presupuesto de casi 10 millones de euros a los que podrán acogerse los consistorios asturianos después de la convocatoria el próximo mes de septiembre.

Según explicó el Ejecutivo asturiano a través de un comunicado, los planes locales de empleo se dirigirán a «parados de larga duración o personas en situación de exclusión social». Entre sus requisitos se encuentra que cada ayuntamiento que contrate a cuatro o más personas deberá reservar el 50% de los contratos para mayores de 45 años y, dentro de este colectivo, tendrán preferencia los que superen los 52. Además, en los procesos de selección tendrán prioridad las mujeres víctimas de violencia de género. El cambio en esta edición de los planes ha tenido lugar después del acuerdo alcanzado esta semana entre la administración autonómica, la federación asturiana de concejos (FACC) y los sindicatos UGT y CCOO, quienes destacaron que quieren evitar de este modo las denuncias interpuestas en varios casos ante los tribunales por beneficiarios de los planes y que han supuesto hasta 10 millones de euros en indemnizaciones para los consistorios en el último año. «Para los ayuntamientos esto es satisfactorio porque no se trata de un plan de empleo estricto sino de reinserción laboral» señaló el presidente de la FACC y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, quien insistió en que el objetivo de los planes es la inserción laboral y no cubrir plazas en los ayuntamientos; algo que, según indicó, les ha supuesto «consecuencias gravosas».

Los casos de denuncias (en ayuntamientos como los de Oviedo, Gijón, Avilés o Siero, entre otros), sólo se ha dado en Asturias a pesar de que la normativa es igual en todo el territorio del Estado. En este sentido, Luisa Pérez señaló que Pérez que el carácter de inserción laboral representa «una novedad pionera en España al incorporar un itinerario personalizado de empleo para cada beneficiario, que se combinará con las medidas de reactivación laboral que realice en el ayuntamiento».

Críticas de IU

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Iván Álvarez, se felicitó por el anuncio de la convocatoria así como por el acuerdo alcanzado entre la FACC y los agentes sociales pero calificó sus condiciones de «insuficientes». En este sentido, Álvarez destacó la necesidad de sentar las bases para el desarrollo de unos planes de empleo locales «que proporcionen las garantías jurídicas necesarias a los ayuntamientos y que, sobre todo, cumplan su función: crear empleo estable y con derechos» y cargó contra la forma de actuar el gobierno asturiano en los últimos años por «obviar» que con este modelo los consistorios asumían «riesgos personales y económicos».

El consejal de IU señaló que en Oviedo señaló que ya en 2015 el ayuntamiento de la capital puso en marcha su propio modelo de plan de empleo que «sorteó las deficiencias de la convocatoria del Principado».

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