La expedición oceanográfica francesa que está recogiendo muestras y geolocalizando los bidones radiactivos, arrojados en la llanura abisal atlántica en la segunda mitad del siglo XX, tiene unos estrictos protocolos de seguridad para evitar que la radiación afecte a la tripulación del L’ Atalante. Aunque en principio no van a manipular o recuperar ningún contenedor sumergido, la razón para estas cautelas está en la incertidumbre sobre la carga real de los bidones, más allá de lo que declararon en su momento los gobiernos. «En realidad no sabemos lo que nos podemos encontrar. No podemos descartar la posibilidad de que haya restos con radiactividad alta», confesó a La Voz el geólogo marino español Javier Escartín, que colidera la misión científica multidisciplinar junto al Patrick Chardon, físico francés especializado en radiactividad, encabezando un equipo con una veintena de científicos especializados en distintas áreas.

La carga que países como Reino Unido o Bélgica —ambos lideraron estos vertederos nucleares oceánicos— depositaron en esta zona del Atlántico, considerada más segura al carecer de actividad volcánica y sísmica, se definió en su momento como un conjunto de objetos de uso indirecto con radiactividad baja o media. Es decir, material relacionado con la manipulación en entornos como laboratorios. En ningún caso, alegaban entonces, habría restos de combustible nuclear en sentido estricto, aunque hay más dudas en este sentido con los residuos depositados por la extinta Unión Soviética en el Ártico. Habría guantes, material de laboratorio, ropa de protección, herramientas y tubos contaminados, muestras nucleares, resinas para purificar líquidos en centrales nucleares o utensilios de limpieza de áreas contaminadas. Todo ello compactado o solidificado con cemento en caso de los materiales líquidos.

Pero eran otros tiempos y los gobiernos de entonces no actuaban con los parámetros de transparencia que se exigen en la actualidad. La presión por deshacerse de los residuos también pudo forzar que algunos bidones tuvieran materiales más peligrosos que los descritos.

Pie de foto. Firma

Expedición francesa para inspeccionar los bidones radiactivos arrojados frente a la costa de Galicia

La Voz

Desde finales de los años sesenta hasta 1993 —cuando entró en vigor la prohibición tras una moratoria voluntaria— se vertieron unos 220.000 bidones con 140.000 toneladas de residuos radiactivos en al menos nueve emplazamientos frente a la costa gallega, ante la incapacidad de la industria nuclear de entonces para habilitar métodos fiables de almacenamiento como los que existen en la actualidad. La sensibilidad medioambiental de entonces no era en absoluto la actual, aunque lo que sí existía era una lógica psicosis colectiva por el efecto de la radiactividad, agudizada por la escalada atómica de la Guerra Fría y la apuesta por la energía nuclear. Esto motivó que la Junta de Energía Nuclear de la dictadura franquista publicara anuncios como este en La Voz en 1968: «No existen riesgos de contaminación radiactiva en nuestras costas pesqueras», en referencia a un fondeo de residuos que se ejecutó a solo 450 kilómetros de la costa coruñesa, el más cercano a Galicia.

La misión francesa está geolocalizando los bidones y comprobando su estado por si en un futuro se quiere actuar sobre ellos. En el lado positivo hay que recordar que con el tiempo se reduce el riesgo de algunos isótopos radiactivos. Pero los bidones no estaban preparados para resistir en el mar, sino tan solo para amortiguar el impacto contra el fondo.

Situación de los vertidos en la fosa atlántica

La Voz

La Xunta pide información a Seguridad Nuclear y el BNG recrimina a Bruselas su inacción

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental solicitó ayer al Consejo de Seguridad Nuclear —que en realidad es un organismo independiente no supeditado al Gobierno— información sobre la expedición oceanográfica a la llanura abisal, que ya ha localizado más de mil bidones frente a la costa de Galicia. En una carta remitida al secretario general del consejo, la directora xeral de Calidad Ambiental, María José Echevarría, solicita información a este departamento en el marco de las funciones de la Xunta en materia de residuos en la comunidad. Recuerda que la normativa sitúa al Consejo de Seguridad Nuclear como el organismo competente en seguridad nuclear y protección radiológica, incluyendo la supervisión y control de los residuos radiactivos, por lo que la Administración autonómica, «co único obxectivo de mantenerse informada», pide que se les trasladase si este organismo está llevando a cabo algún tipo de seguimiento técnico o ambiental en relación con la expedición francesa.

Por otra parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que se interesó en múltiples ocasiones por que la Comisión Europea tomara la iniciativa para investigar el impacto y el estado de estos residuos, recrimina al Ejecutivo comunitario que «non fixo o seu traballo» y le pregunta por cuarta vez si va a liderar una investigación europea en este asunto. «Non pode ser que Galiza recibira o lixo europeo e que a día de hoxe a Unión Europea non tomara ningunha medida», asegura Ana Miranda en un comunicado.

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