La inmensa mayoría pasan de los 50 años y algunos están próximos a la jubilación. Pero tendrán que aguantar un poco más. Hacerlo más allá de los 67 años o perder dinero. Son miles en toda España, muchos catedráticos, directores de centros de investigación o jefes de grupo. Son la élite y la base de la ciencia en el país, los hombres y mujeres que ha impulsado su desarrollo con su esfuerzo y sacrificio. Pero todos están pagando un pecado de juventud: su vocación. Es la que los llevó a trabajar durante años —hasta 17 en algún caso— con contratos como becarios, cuando todos eran titulados superiores. Profesionales cualificados. Trabajaban día y noche sin derecho a paro, ni a vacaciones, ni a prestación por maternidad o paternidad ni a cartilla médica. Y el contrato tampoco les cubría la cotización a la Seguridad Social. No tenían otra opción si querían investigar.

Su situación no se regularizó hasta la Ley de Ciencia del 2011, que acabó con los contratos precarios. Sin embargo, el tiempo que antes pasaron como becarios fueron años perdidos. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba de sacar ahora una orden para regularizar su situación, pero más que ofrecer una solución la medida ha iniciado una revuelta. «El talento científico de este país ha sido y es aún maltratado», aseguran en un manifiesto.

La norma les obliga a pagar 290 euros al mes durante tantos meses como durara la situación a la que se refiere la regulación, hasta un máximo de cinco años. Si cubren este período cada uno de ellos abonará 17.400 euros. Teniendo en cuenta que su salario hace algo más de 30 años no superaba los 600 euros, los 290 euros suponen un 48 % de la remuneración que cobraban entonces.

«Tenemos que pagar las cuotas del empleado y del empleador, que era la administración pública, y con la base de cotizaciones del 2024, no con la que teníamos durante esos años», se lamenta Marisol Soengas, una de las afectadas y presidenta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica), entidad que junto con la Confederación de Sociedades Científicas de España han presentado alegaciones al Gobierno sin que su voz haya sido escuchada.

«En mi caso tendría que pagar más del 50 % de las 87.000 pesetas (522 euros) que cobraba entre los años 1991 y 1994», advierte Moisés Canle, ex decano de Ciencias y vicerrector de Titulaciones e Internacionalización de la Universidade da Coruña (UDC). «Más de un 50 % no lo paga ni Amancio Ortega. La orden ministerial es un desprecio hacia académicos e investigadores. Parece la burla definitiva».

«No éramos personal en formación. Éramos titulados superiores que concurrimos a becas en un proceso selectivo muy competitivo en el que elegían a los mejores expedientes», recuerda Canle, que destaca que los contratos precarios en la única salida que se les ofrecía por aquel entonces. «Claro que sabíamos donde nos metíamos -dice- pero era la única opción que existía si queríamos investigar. O eso o irnos al extranjero para no volver nunca».

María Jesús Candamio, radióloga del Chuac, también convive con la incertidumbre. «No me podré jubilar hasta los 67 años y medio para acceder a la pensión completa o pagar 3.480 euros por año», asegura. Estudió Medicina en Santiago, pero le pudo la vocación por investigar. Encadenó durante más de 4 años, entre 1987 y 1992, contratos en precario hasta que dijo basta cuando estaba como becaria del Ministerio de Educación en la Universidad de California. «Mi novio y hoy marido me dijo: ‘‘Esto no es serio, no estás cotizando a la Seguridad Social''». E hizo un clic en su vida. Hizo el MIR a su vuelta a Galicia y regularizó su situación a cambio de perder su carrera investigadora. «Llevamos más de 20 años pidiendo una solución y nos ofrecen esto. Es una situación muy triste, pero lo más triste es que parece que a todo el mundo le da igual y que no deberíamos tener más derechos que el resto de trabajadores».

Candamio aún recuerda aquellos años en precario: «No podías quedarte embarazada porque no tenías derecho a una baja por maternidad y la asistencia sanitaria la teníamos de nuestros padres».

Tanto ellos como muchos otros de sus compañeros insisten en un hecho: tenían contratos de becarios, pero no eran estudiantes de prácticas, sino profesionales cualificados y titulados. «La impresión que tengo es que en aquel entonces ser investigador se consideraba más como un pasatiempo que como un trabajo serio, aunque trabajábamos día y noche con pasión y dedicación», apunta Antonio Salas, catedrático de Medicina en la UDC y uno de los genetistas más reputados del mundo, que estuvo cinco años sin cotizar, aunque pudo regularizar dos. «Mi caso —dice— no es de los peores, tendría que pagar menos de 6.000 euros».

Salas confía en que al final prevalezca «el sentido común y la justicia», porque «ya hemos tenido que soportar bastante durante aquella época, en la que nuestras becas apenas alcanzaban para cubrir parte de los gastos del mes».

«Nuestro país es experto en exportar al extranjero a científicos de primer nivel»

Este catedrático de Medicina en la Universidade de Santiago (USC) asegura que aún hoy en día la situación de los investigadores «sigue siendo complicada», por lo que, «lamentablemente, muchos terminarán yéndose al extranjero». «Nuestro país -dice- es experto en exportar investigadores de primer nivel al extranjero». Aún así, mantiene la esperanza y prefiere enviar un mensaje en positivo a los jóvenes científicos: «Que nadie renuncie al sueño de investigar. A pesar de ser un camino lleno de sacrificios, también es tremendamente gratificante. Ser investigador es sentir y vivir en el constante anhelo por aprender, crecer y mejorar. Y el conocimiento, a su vez, te hace más libre». Vale la pena, pero también hay que seguir en la lucha, porque, a su juicio, «es importante que no dejen de exigir de la sociedad lo que les corresponde: dignidad, reconocimiento y un sueldo digno».

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Gabriel lemos

África González, catedrática en la Universidade de Vigo, estuvo 4 años de becaria, pero tiene acumulados años suficientes para no depender de ellos para su jubilación. Aún así, cree «muy injusto que soliciten tanto dinero para los becarios, que fueron los mejores expedientes, que ayudaron a posicionar a España en la investigación y que ahora están en una situación precaria para su jubilación». Pese a todo, confía en que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se reunirá el martes con una representación de afectados, «rectifique y pueda ofrecer unas condiciones mejores».

«No estamos pidiendo que nos salga gratis, solamente un trato justo»

 

 

«¡Basta ya! No se puede maltratar más a la ciencia», asegura Marisol Soengas, jefa del grupo de Melanoma en el CNIO y actual Premio Fernández Latorre, que confía en que la situación se solucione en las negociaciones que se mantendrán con el ministerio. «Si no —advierte— seguiremos protestando». La situación, en su caso, afecta tanto a ella como a su marido, José Antonio Esteban, neurocientífico en el Centro de Biología Molecular (CSIC). Los dos trabajaron durante ocho años con becas del Ministerio de Educación. Como solo podrán cotizar ahora por cinco, la suma a pagar les sale en 34.800 euros.

«La cuantía de la beca mayor que tuve, cuando hice la tesis en 1996, estaba por debajo de las 100.000 pesetas (600 euros), por lo que ahora tendría que pagar el 48 % de lo que ganaba entonces. Esto se cae por sí solo, no es justo», se lamenta. Y también deja muy claro que «entonces había poquísimas becas y eran muy competitivas. Solo las ganaban los mejores expedientes. Cuando íbamos al extranjero, los compañeros de Inglaterra o Holanda tenían ayudas muchas más cuantiosas y con ventajas sociales».

También le molesta especialmente que desde el ministerio «se diga que estábamos en prácticas. No lo estábamos. Una vez que acabamos la carrera ya éramos profesionales». Tanto ella como sus colegas insisten en otra idea: «No estamos pidiendo que nos salga gratis. Tenemos que pagar, pero que sea algo justo».

Tampoco entiende que «el Estado te diga que tú también tienes que pagar su parte, la del empleador. Pagaremos la nuestra, pero no tenemos porque abonar la de la Administración que nos contrató».

«Nuestro desembolso familiar sería de 34.800 euros, totalmente inasumible»

  

«No estábamos de prácticas, estábamos trabajando y éramos una pieza esencial en el engranaje de la producción científica». Es la primera respuesta que ofrece Manuel Collado, investigador científico del CNB-CSIC en el CiMUS de la USC, al igual que su mujer, Carmen Rivas. Y los dos, sumando los períodos de pre y posdoctorado, estuvieron respectivamente un mínimo de seis años con contratos de becarios. Su mujer tuvo más suerte, porque cuando regresó del extranjero lo hizo con un contrato laboral, mientras que él, en la misma situación estuvo a su regreso un año y medio más «con un contrato de becario sin cotización a la Seguridad Social».

«No teníamos derecho a paro ni a baja por enfermedad ni por maternidad/paternidad ni asistencia médica», relata. Tampoco derecho a un médico. «Recuerdo —dice— tener tarjeta sanitaria asociada a mi madre, pero a partir de cierta edad, los 26 años, tuve que tramitar la tarjeta sanitaria como persona sin recursos, fue denigrante».

No fue el único. Si la regularización que propone el ministerio no cambia, a los dos no les quedan más opciones que jubilarse a partir de los 70 años para tener una pensión completa o pagar mucho dinero para cotizar un máximo de 5 años. «Eso son 17.400 euros cada uno, 34.800 euros en nuestro caso de desembolso familiar. Es totalmente inasumible», dice.

Collado mantiene la esperanza en que al final el Gobierno les ofrezca una solución satisfactoria, pero advierte que «la actitud y el modo en el que se ha desarrollado todo el proceso no nos permite estar tranquilos». «Pese a la existencia de numerosos colectivos que podrían servir de portavoces de una reclamación unánime y clamorosa, la ministra Elma Saiz ha impuesto una decisión inasumible de espaldas al colectivo científico».

Collado, uno de los mayores expertos en envejecimiento celular, lanza un último mensaje: «La profesión de científico tiene una evidente componente vocacional, pero no se nos puede exigir siempre sacrificios de todo tipo escudándose en esa vocación».

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