El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid no ha admitido la querella que presentaron familiares de una mujer que falleció por coronavirus contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la que se le acusaba de homicidio imprudente, delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. El titular del juzgado no pidió ni siquiera para inadmitir la querella un informe previo de la Fiscalía. Rechaza que pueda hablarse de un delito contra la salud de los trabajadores al resultar «evidente y notoria la existencia de discrepancias en la comunidad científica» sobre «la mayor o menor idoneidad de los medios de protección utilizados» y también la falta de «equipos de protección individual y otros medios de seguridad suficientes para todo el personal sanitario». La denuncia fue presentada el 22 de mayo. El responsable sanitario tiene presentadas varias querellas similares en otros juzgados.

Los familiares de la fallecida consideran a Simón como responsable de al menos 27.000 muertes por el coronavirus en España. El motivo que aducen es que el responsable sanitario comunicó «públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias». Además, le responsabilizan de las «deficiencias en las medidas de protección del personal sanitario y otros empleados públicos que habrían contribuido a la propagación del virus» y le acusan de falsedad documental por dar «información falsa sobre el número de fallecidos por covid-19». En la querella se solicitaba, como medida cautelar, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Algo que el juez tampoco ha entrado a considerar al rechazar cualquier acción penal.

En la resolución en la que da por inadmitida la denuncia, el juez se declara incompetente respecto del delito de homicidio, al producirse la muerte en Móstoles (Madrid), por lo que sugiere la presentación de la citada querella en dicho municipio. «El delito de homicidio, doloso o imprudente, es un delito de resultado, que se comete en el lugar donde se produce dicho resultado, es decir, la muerte; siendo lugar de consumación el determinante de la competencia territorial», explica el auto.

La letrada que ejerce la representación de la familia ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, lo que obligará a la Fiscalía a pronunciarse sobre una eventual imputación o no de Fernando Simón por su gestión de la crisis sanitaria.

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