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Joaquín Trindade, director de la Policía Judicial en Portimão, Algarve: «Portugal nunca incautó tanta cocaína, estamos viviendo el peor momento»

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO FARO / LA VOZ

ACTUALIDAD

Trindade, en la base de la Policía Judiciaria en Faro.
Trindade, en la base de la Policía Judiciaria en Faro. Doniz

El máximo responsable policial en el sur luso califica de «asedio» la situación

15 jun 2026 . Actualizado a las 13:16 h.

Joaquín Trindade conoció de niño el ambiente del contrabando por su villa de origen, Chaves, conectada con Verín a través de la raia seca que traza la frontera entre su país y Galicia por Ourense. Hoy, su entorno ha evolucionado del contrabando al narcotráfico internacional por el trabajo que desempeña en Portimao, en el Algarve. Es el máximo responsable de la Policía Judiciaria en el sur de Portugal, y sus equipos operativos trabajan estrechamente con el resto de cuerpos policiales en Andalucía. Su testimonio, tranquilo, pero tajante, constata cómo la sinergia del narco del sur de España en su territorio no podría haber convertido a la provincia de Huelva, con el río fronterizo Guadiana copando protagonismo, en la principal puerta de entrada de cocaína en Europa.

—El pasado octubre, murió una funcionario policial en el río Guadiana persiguiendo una narcolancha...

—Se verifica que las organizaciones criminales se actualizan constantemente frente a la persecución policial. Esa modernización cuesta mucho dinero. Hablamos sobre todo de cocaína, que es muchísimo más rentable que el hachís. Fruto de esa ingente inversión económica, las mafias no solo han ganado sofisticación tecnológica, sino que se han vuelto extremadamente agresivas. Actúan a plena luz del día en las costas, ante los bañistas, y muestran una clara postura militar. Hablamos de individuos con conocimientos tácticos, entrenamiento y armamento de guerra. En nuestra reciente operación Teia Branca incautamos siete fusiles de asalto Kalashnikov y casi 1.500 municiones de calibre de guerra. Usan métodos puramente militares, como los cargadores invertidos unidos con cinta aislante para realizar recargas rápidas, además de tecnología muy avanzada como detectores de señales e inhibidores. Ante la inminencia de ser detenidos o de perder la carga, no dudan y arremeten contra los agentes policiales.

—¿El Gobierno portugués es consciente de que este escenario amenaza directamente la estabilidad y la seguridad nacional?

—Sí, son muy conscientes. A pesar de los cambios políticos que hemos vivido, la apuesta contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales desde la política ha sido muy seria y constante. Entienden la gravedad de los delitos secundarios asociados al tráfico de drogas. A nivel judicial, aunque la fase policial es compleja y prolongada por la dificultad de identificar a toda la organización, una vez que los casos llegan a la fase judicial con presos preventivos, las decisiones son rápidas.

—En España existe un debate sobre los protocolos en el mar. ¿Portugal autoriza a disparar en alta mar durante una persecución?

—Rotundamente no. Ni en alta mar, ni en tierra firme. El Estado de Derecho portugués solo nos permite el uso de las armas de fuego en casos estrictos de legítima defensa. Es absolutamente impensable disparar de forma disuasoria contra una lancha rápida en plena persecución. Para las labores de fiscalización y abordajes marítimos contamos con la Unidad de Control Costero de la GNR, la Policía Marítima y la Armada, y todos actúan inexcusablemente bajo esta misma norma de uso de la fuerza.

—Desde el pasado 18 de mayo, se aplica en Portugal la ilegalización de las narcolanchas, que ustedes llaman lanchas «voadoras». Esa normativa se aprobó en España en el 2018, trasladando a su país una situación mucho más peligrosa que no dejado de empeorar...

—Las autoridades españolas hicieron bien y fueron conscientes en 2018. Su costa, desde un punto de vista orográfico, era más accesible para los desembarcos, mientras que gran parte de la costa portuguesa, a excepción de zonas como el Algarve o el Alentejo, se caracteriza por escarpes y acantilados graníticos de difícil acceso. Al aplicar España esa ley restrictiva, es cierto que el problema nos supuso un conflicto serio en Portugal y se trasladó hacia nuestras fronteras. El fenómeno de las lanchas rápidas estaba identificado hace mucho tiempo aquí y podría haber sido objeto de una ley más restrictiva muchísimo antes, pero la respuesta política y social siempre tarda. Hubo cierta cautela gubernamental para intentar equilibrar la norma y no perjudicar a una industria náutica de recreo y turismo que es vital para el país.

—¿El estupefaciente que entra por la costa portuguesa lo gestionan organizaciones españolas o portuguesas?

—Es un modelo mixto. El cerebro de las operaciones y la cúpula directiva suelen estar integradas por ciudadanos españoles y latinoamericanos, especialmente colombianos y venezolanos. Sin embargo, para poder actuar en territorio portugués necesitan recurrir obligatoriamente a personas locales que se encarguen de las tareas operativas sobre el terreno: vigilar a las autoridades, conducir los vehículos, pilotar las lanchas y realizar los desembarcos físicos en las playas. Casi toda esta droga, aunque parte se queda en la Península, tiene como principal destino países del norte de Europa.

—¿Se siguen construyendo lanchas en la zona norte del país y Galicia?

—Se mantiene efectivamente en el norte: Viana do Castelo, Aveiro, Monção y Valença. Pero últimamente no bajan las lanchas por el mar. Han creado grandes almacenes logísticos repartidos por el centro de Portugal, concretamente al norte del río Tajo, la zona de Aveiro, y al sur del río Sado, en Setúbal. Las transportan por carretera en camiones con remolques. Instalan estas naves en el centro porque operan simultáneamente en varias zonas y necesitan tener el equipo disponible rápidamente, sin abandonar sus bases operativas en el sur de España y el Algarve.

—Teniendo las naves y la logística en el centro de Portugal, ¿cuál es el «modus operandi» para actuar luego en las costas del sur?

—El río Tajo es una excelente vía de comunicación para ellos. Las lanchas bajan por el río y esperan; desde ahí se coordinan para entrar por el Algarve o por la costa de Huelva. Su objetivo es salir a alta mar a recoger el estupefaciente. Hoy en día los grandes barcos cargados de droga no llegan a los puertos, actúan como barcos nodriza en aguas internacionales y el cargamento se fragmenta en pequeñas embarcaciones rápidas que se acercan a la costa para culminar el alijo.

—¿Cómo se abastecen de miles de litros de combustible?

—El combustible es un pilar fundamental; de hecho, muchas lanchas hacen viajes exclusivos para repostar a otras embarcaciones en alta mar. Suelen recoger el combustible en puntos de distribución de España porque es más barato y porque en Portugal una compra masiva llamaría inmediatamente la atención y daría la voz de alarma. Para poder justificar legalmente estas compras, usan empresas pantalla. Crean, por ejemplo, empresas de transportes con varios camiones a su nombre y así justifican la compra de miles de litros de gasoil, aunque el fin sea otro. Aunque en Portugal acaba de entrar en vigor una normativa que exige autorizaciones y manifiestos para transportar combustible en el mar, aún no está tipificado como delito, por lo que no es una medida totalmente disuasoria.

—Por los volúmenes récord de droga incautada, ¿diría que estamos atravesando el peor momento histórico en la lucha contra el narcotráfico en la Península?

—Sin duda alguna. Portugal nunca incautó tanta cocaína como en los últimos dos años, estamos viviendo el peor momento. Hay un asedio constante a nuestras costas; las redes intentan entrar todos los días fragmentando las cargas de cuatro toneladas en decenas de lanchas. Además, nos enfrentamos a una amenaza que no existía hace poco: los narcosubmarinos. En los últimos dos años, la Policía Judiciaria ha capturado varios de estos sumergibles que traen de golpe entre ocho y nueve toneladas de cocaína, usando las aguas de las Azores y dirigiéndose hacia el norte de Portugal y Galicia.