El consorcio catalán de inversiones, un ente que pretendía acabar con el déficit de inversión estatal en la comunidad, ya es historia. Los siete votos de Junts impidieron que prosperara este martes en el Congreso otro de los acuerdos de investidura del PSC de Salvador Illa con Esquerra, que ha acabado en la papelera. La proposición de ley impulsada por los republicanos, que contemplaba la puesta en marcha de un ente compartido entre el Estado y la Generalitat, ni siquiera superó el trámite de admisión. «Cataluña no necesita más chiringuitos», manifestó contundente la portavoz de los posconvergentes en la Cámara Baja, Míriam Nogueras. Para los independentistas de Carles Puigdemont, la iniciativa parte de un diagnóstico acertado, la falta de inversiones del Estado en la comunidad, aunque la solución propuesta por los de Junqueras no es la adecuada. Según Nogueras, lo acertado habría sido «exigir el pago de los compromisos de inversión pendientes», y no crear un nuevo ente «que quedaría bajo el control de Madrid». En cambio, para la número dos de Illa en la Generalitat, la consejera portavoz Sílvia Paneque, la decisión de Junts es «incomprensible», por cuanto que el consorcio «permitiría mejorar el déficit de inversiones y controlar los recursos ejecutados en Cataluña por parte del Estado».

Abstención del PNV

A los votos contrarios de Junts se sumaron PP y Vox, mientras que el PNV se abstuvo al considerar que la iniciativa «no es lo suficientemente adecuada» y les «genera dudas». A favor se posicionaron PSOE, Sumar y Esquerra, cuyos votos no fueron suficientes para sacar adelante el proyecto. El consorcio de inversiones es uno de los puntos centrales del acuerdo de investidura de Salvador Illa, firmado por socialistas e independentistas de ERC en el 2024. Consistía en un ente paritario formado por la Generalitat y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según la propuesta, se habría encargado del seguimiento y control de las inversiones presupuestadas por el Gobierno, de coordinar a los entes estatales inversores y de impulsar medidas correctoras cuando los plazos o los niveles de ejecución no se ajustaran a lo acordado.

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