Los acuerdos entre Vox y el PP para la gobernabilidad en Extremadura y Aragón, que incluyen la «prioridad nacional» en el acceso a las prestaciones sociales, han dado pie a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntale su discurso del miedo a la llegada de la extrema derecha al Gobierno. Sánchez afirmó que la prioridad nacional «viola» la Constitución porque creará «ciudadanos de primera y de segunda clase», rompiendo así el principio de «no discriminación» y el de «igualdad» que defiende la Carta Magna.

El presiente recalcó además que esa discriminación «hoy afecta a ciudadanos migrantes», pero «pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha». Criticó por ello que se haga «un señalamiento» a asociaciones «que cubren políticas sociales a las que no llega el Estado». Y advirtió de nuevo de que «cuando exista alguna ley que contravenga los principios que están en la Constitución, el Gobierno de España actuará con el peso de la ley», sostuvo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se mostró, sin embargo, «muy tranquilo» ante la posibilidad de que el Gobierno recurra en el Tribunal Constitucional cualquier ley que permita la aplicación de «la prioridad nacional». «Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance», señaló. «Cuando consigamos echar a este Gobierno mafioso y traidor, que los españoles no tengan ninguna duda de que cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta», añadió. Abascal criticó que Sánchez «desconozca o pretenda olvidar de manera deliberada que nacionalidad y ciudadanía son exactamente lo mismo» y advirtió de que el concepto de prioridad nacional será un «asunto prioritario» e innegociable en cualquier conversación con el PP para la aprobación de presupuestos en las comunidades donde han llegado a pactos.

Pese a esas declaraciones, Vox matizó el alcance de ese concepto. Su secretario general, Ignacio Garriga, señaló que la prioridad nacional para prestaciones públicas alcanza tanto a los españoles de origen como a los que han adquirido la nacionalidad. 

Vox admite su error

Garriga admitió que es un «error» que el portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Joan Garriga, asegurara que «es español el nacido de padre y madre española», porque la legislación española dice que «es español quien tiene el DNI». «Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles», sostuvo, aunque añadió que «llegará un momento» en el que habrá que abrir el debate sobre la nacionalidad española, que, a su juicio, «ahora se regala».

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, uno de los firmantes del acuerdo, desacreditó las críticas de Sánchez a la prioridad nacional destacando que el jefe del Ejecutivo es quien da privilegios a los independentistas catalanes con la financiación autonómica, estableciendo así españoles de primera y segunda. Azcón aseguró que lo pactado con Vox «siempre va a ser de acuerdo con la legalidad».

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