Nuevo varapalo para los planes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de aprobar esta misma primavera el nuevo registro horario en las empresas. El Consejo de Estado ha elaborado un dictamen (188/2026) en el que manifiesta su opinión desfavorable sobre el atajo legal escogido para sortear posibles bloqueos dentro y fuera el Ejecutivo, según ha adelantado El País. «No procede aprobar el real decreto proyectado», concluyen sus expertos. El equipo de Díaz decidió llevar por la vía del real decreto el proyecto para obligar a todos los negocios, desde grandes compañías a pequeñas pymes, a llevar un registro horario digital y automatizado de todos los trabajadores, desterrando los fichajes manuales, expuestos a menores controles y a posibles manipulaciones. Sin embargo, los expertos del organismo consideran que ese no es el camino adecuado para ponerlo en marcha. Debería tener rango de ley y, por tanto, pasar por el escrutinio y las aportaciones de todos los grupos del Congreso, lo que dificultaría mucho su validación. Entre otras cosas porque no solo cuenta con el rechazo de la oposición, también con el recelo de sus socios de Gobierno.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó hasta en dos ocasiones apoyar los planes de Sumar, emitiendo sendas opiniones desfavorables. En una de ellas con el mismo argumento que el Consejo de Estado, poniendo en duda la legalidad del real decreto por la vía de urgencia. Aunque favorable al refuerzo del registro horario, el ministro Carlos Cuerpo cuestionó su articulado por el impacto desigual de la medida, ya que su puesta en marcha supondría un mayor coste para los pequeños negocios que a las grandes empresas. Por ello, sugirió introducir períodos de adaptación para las pymes. Ese cuestionamiento le valió duras críticas por parte de Díaz, quien le acusó de oponerse a las «cosas buenas» para los trabajadores, señalando además que se trata de una medida incluida en el acuerdo de gobierno de coalición firmado en el 2023.

Su coste: casi 900 millones

No acaban aquí las críticas del Consejo de Estado. El organismo denuncia que no se ha calculado de manera correcta el impacto económico de la medida, que cifra inicialmente en 867 millones de euros. El coste de la factura, claro está, recae sobre las empresas, sin incluir los gastos en los que incurran para su despliegue, mantenimiento y formación. Además, el texto, insisten sus expertos, «no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley», como se supone de una norma con rango reglamentario, sino que «impone nuevas obligaciones y cargas», invadiendo así el terreno legislativo, como ya había apuntado la patronal CEOE.

El dictamen también advierte de que el proyecto no contempla las especificidades de determinados sectores, como la hostelería, los maquinistas de trenes o los porteros de fincas, y es especialmente severo en materia de protección de datos.

El Ministerio de Trabajo tiene intención de seguir adelante con el decreto ley, que deberá validar el Consejo de Ministros. El dictamen del Consejo de Estado no puede impedir su puesta en marcha, pero sí apunta en qué dirección podrían fallar los tribunales si se presenta, eventualmente, algún recurso de inconstitucionalidad —una vez aprobado— por parte de los empresarios. «Es incomprensible que alguien pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley en nuestro país, y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde», señalan fuentes del departamento.

Los cambios

Entre otras cosas, el nuevo registro introduce un sistema digital certificado que garantiza la identificación del trabajador que ficha. Documenta el inicio y fin de la jornada y todas las pausas que se producen mientras se desempeñan las tareas. Por otro lado, obliga a diferenciar las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias. Según el texto, la empresa no podrá modificar los fichajes sin que se le active la alerta al trabajador. Y toda la información, que estará disponible en tiempo real para chequeos e inspecciones, se almacenará durante al menos cuatro años. Se contemplan multas de hasta 10.000 euros por trabajador en caso de incumplimiento.

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