El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña archivó la denuncia presentada por la organización Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta colaboración con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, ante la falta de indicios criminales. En el auto en el que acuerda inadmitir a trámite la querella, el magistrado razona que los hechos esgrimidos proceden de fuentes abiertas, especialmente de «informaciones periodísticas», y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal.

«No se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales», observa el juez. Además, pide distinguir entre el Ejecutivo del país «y la supuesta implicación de determinados miembros de este en el tráfico de drogas».

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Melchor sáiz-PArdo

Respecto a los delitos de blanqueo de capitales denunciados, el magistrado considera que se basan en informaciones generalistas, «sin que se precise con elementos indiciarios los hechos que se afirman» y «no hay constancia de que el querellado haya percibido cantidad alguna procedente del gobierno de Venezuela». Y en el caso de que así hubiera sido, continúa el auto, solo se podrían considerar como delictivas aquellas cantidades que hubiese percibido por su intervención en hechos ilícitos o por ser conocedor de que esas cantidades provenían de la comisión de un delito.

Antidroga pidió la inadmisión

La Fiscalía Antidroga remitió un informe al magistrado en el que pidió la desestimación de la querella al considerar que en la misma no se detallaba ningún indicio delictivo contra el expresidente. En ese documento, sostenía que los hechos recogidos en la querella «no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico». «Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos», aclaraba.

Ante esta postura de la Fiscalía, Hazte Oír optó por ampliar su querella para acusar a Zapatero de partícipe o colaborador necesario en delitos de lesa humanidad y torturas, entre otros.

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Gonzalo Bareño

La asociación afirmaba que el expresidente del Gobierno presionó directamente a familiares de presos políticos para que no denunciaran torturas; intervino en centros de detención para desmovilizar protestas y exigir silencio para condicionar la puesta en libertad, así como que actuó como operador internacional del régimen, legitimando procesos electorales fraudulentos; y obtuvo beneficios económicos, incluida la presunta adjudicación de una mina de oro.

Ahora el juez responde que no se debe «confundir» el conocimiento que pudiera tener Zapatero de la existencia de presos políticos, que era de carácter general, «con la implicación directa del querellado en la decisión o mantenimiento de esta situación».

Destaca además que si lo que la querella plantea es que el apoyo de Zapatero al régimen venezolano provocó que se mantuviera esa situación, «cuestión de la que tampoco ofrece indicios», apunta el juez, la Audiencia Nacional no sería el órgano competente para investigarlo, dado que ya existe una investigación sobre violación de los derechos humanos en Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI).

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