El presidente Donald Trump ha designado como «organización terrorista nacional» a Antifa, abreviatura con la que se alude al movimiento antifascista pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, al atribuirle un patrón sistemático de violencia política diseñado para socavar el estado de derecho y reprimir la actividad política legal en Estados Unidos.

«Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal», reza la orden firmada por el presidente estadounidense la noche del lunes.

La Administración Trump defiende así que el movimiento izquierdista lleva a cabo «esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales mediante enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, agresiones violentas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes del orden», así como «la divulgación sistemática de información personal y otras amenazas contra figuras políticas y activistas».

Washington asegura que este movimiento «recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y la represión de la actividad política», y, adicionalmente, «emplea medios y mecanismos elaborados para ocultar la identidad de sus agentes, ocultar sus fuentes de financiación y operaciones con el fin de frustrar a las fuerzas del orden».

«Este esfuerzo organizado, diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación, constituye terrorismo doméstico», recoge el documento difundido por la Casa Blanca, que apunta también a que tanto Antifa como quienes «actúan en su nombre se coordinan además con otras organizaciones y entidades con el fin de difundir, fomentar y promover la violencia política y reprimir la expresión política legítima».

La orden de Trump instruye a todos los departamentos y agencias federales a utilizar todas sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada a Antifa, incluyendo el apoyo de material a sus acciones violentas.

También aclara que la medida se implementará conforme a la ley vigente y no crea derechos legales exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos o sus funcionarios. La decisión ha llegado después de que el pasado miércoles confirmase que cumpliría con lo sugerido dos días antes y también, en múltiples ocasiones, durante su primer mandato presidencial.

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