Lo que está pasando en la Franja de Gaza es un genocidio. Lo ha denunciado incontables veces la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Lo ha repetido casi con la misma frecuencia Yolanda Díaz, líder de facto de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno español. Llegó a decirlo también, en una ocasión, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero este lunes fue Pedro Sánchez quien se sacudió la prudencia y los remilgos, habló claro sobre el asedio de Israel al pueblo gazatí —un «genocidio», dijo— y anunció una batería de nueve medidas para frenar el sufrimiento de los palestinos.

El Ejecutivo socialista marca así una serie de pasos firmes y contundentes frente al Gobierno de Benjamin Netanyahu que incluyen, por ejemplo, un decreto ley para embargar la compra y venta de armas a Israel (lo aprobará este martes el Consejo de Ministros y después tendrá que validarlo el Congreso). Un veto que ya se estaba dando en la práctica, comentó Sánchez, así que la norma solo busca darle una base legal. Tampoco los barcos ni los aviones que lleven combustible o apoyo para el Ejército israelí podrán atracar ni aterrizar en España.

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Andrés Rey

Un golpe en la mesa prudente

Dentro del salto que supone adoptar un término que ningún otro país europeo —ni norteamericano— se atreve a utilizar, Sánchez se mantuvo prudente. Quiso evitar las acusaciones de antisemitismo que le ha lanzado incluso parte de la derecha española y empezó su discurso asegurando que «el pueblo judío ha sufrido innumerables persecuciones, merece tener un Estado propio y sentirse seguro. Por eso el Gobierno español ha condenado desde el primer día los atentados de Hamás». Fue justo después cuando asestó el golpe: «Una cosa es proteger a tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes. Esto es un ataque injustificable contra la población civil que la relatora de la ONU califica como un genocidio. Sesenta mil muertos, dos millones de desplazados de su hogar, la mitad menores. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho internacional».

El enfado de Israel

Esa prudencia de Sánchez no fue suficiente para contener el enfado de los israelíes, que llegó casi inmediatamente después del anuncio presidencial. «El intento del corrupto Gobierno de Sánchez de distraer la atención de graves casos de corrupción mediante una campaña antisemita y antiisraelí es evidente», publicó el ministro de Exteriores del Estado israelí, Gideon Saar, en X.

A sus palabras siguió la prohibición de entrada en territorio israelí a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. «Es evidente que el partido extremista Sumar está aprovechando la debilidad política del primer ministro Sánchez y arrastrándolo, paso a paso, hacia la aplicación de su visión antisionista y antisemita», espetó Saar. También vinculó al Gobierno con «oscuros regímenes autoritarios» como los de Irán y Venezuela, y le recriminó una «falta de conciencia histórica sobre los crímenes de España contra el pueblo judío, entre ellos los de la Inquisición».

La embajadora en Tel Aviv, llamada a consultas

Díaz reaccionó al anuncio de Saar aseverando que es «un orgullo» que un «Estado que perpetra un genocidio» les prohíba la entrada a Rego y a ella. La reacción del Ejecutivo fue más allá. Lanzó un comunicado en el que promete que no se dejará «amedrentar» en su defensa de «la paz, el derecho internacional y los derechos humanos». Y, como medida de protesta, llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv, algo reversible y sin efectos más allá de expresar acritud hacia el Estado judío.

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La Voz

Sánchez reconoció que no puede hacer demasiado: «España no tiene bombas nucleares. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero no vamos a dejar de intentarlo. Hemos impulsado resoluciones de la ONU, hemos enviado ayuda humanitaria a Gaza, hemos cerrado la venta de equipamiento militar a Israel, hemos impulsado el reconocimiento de Palestina». Mientras tanto, aseguró, «las grandes potencias terminan encalladas entre indiferencia y complicidad».

El lado correcto de la historia

Además del decreto sobre las armas y de los vetos al tránsito de aviones y barcos, las medidas incluyen la prohibición de entrada a España a «todos los que participan en el genocidio», es decir, a gobernantes y militares israelíes, y otras ayudas y apoyos (más efectivos españoles en el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja; más dinero a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos...).

Cada uno de estos pasos servirá «para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su Gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que, ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia».

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