El juez Juan Carlos Peinado basó la decisión de imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la que fue su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, en la resolución de la Audiencia Provincial que, el pasado mes de junio, avaló la investigación del juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. De los recursos interpuestos tanto por la Fiscalía como por las defensas de ambas imputadas, la Audiencia solo aceptó la anulación de su declaración de Álvarez como testigo. Gómez declarará el 11 de septiembre y Álvarez lo hará un día antes.

«La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares», recoge la resolución que, este lunes, le valió al juez Peinado como base para proceder a la doble imputación. 

El instructor, sin embargo, contaba un precedente en el sentido contrario. Un mes después de la resolución de la Audiencia Provincial, el Supremo rechazó la petición de Peinado de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por dos presuntos delitos de malversación y falso testimonio. Ambos, relacionados también con la contratación de Álvarez. Bolaños, en el 2018, era secretario general de la Presidencia.

El texto incidía en la «amistad personal previa» entre Gómez y Álvarez, «siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas» de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Los magistrados reflejaron lo que consideran indicios suficientes. Recogieron la declaración como testigo del vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, que aseguró contaba con «muchos correos» tanto de Gómez como de Álvarez. «Esta última era la persona de confianza, ya que siempre le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos», destacó entonces Doadrio.

La resolución citó un correo de la asesora a la directora de comunicación institucional de la empresa Reale Seguros, «solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente de sus funciones».

Para los magistrados, todo lo referido en junio «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder».

La decisión del juez supone un cambio de criterio respecto a las conclusiones que sacó el pasado mes de mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín —la Fiscalía recurrió la decisión—, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa. En aquel momento, además, descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.

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