El vicesecretario de educación e igualdad del PP, Jaime de los Santos, subrayó este jueves que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de preguntar al Gobierno si Begoña Gómez tenía cuenta de correo electrónico en la Moncloa demuestra que la esposa de Pedro Sánchez está cerca de «donde tiene que estar», que es «sentada en el banquillo». A su juicio, es «absolutamente normal» que el magistrado pregunte por esta cuestión, ya que Gómez «no tenía derecho» a esos medios oficiales. Por ello, le pidió a Sánchez que dé «un paso atrás» y convoque elecciones, ya que, bajo su punto de vista, se le pone «complicado» salir a la calle y entrar por la «puerta de los Leones» del Congreso.

En declaraciones a los periodistas, De los Santos subrayó que las direcciones de correo electrónico «están para los trabajadores de la Moncloa» y no para la mujer del jefe del Ejecutivo. El vicesecretario popular dijo que en su partido están «acostumbrados» a que Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente de Gobierno, a quien también investiga un juzgado de Badajoz por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, «campen a sus anchas entre la cosa pública». Sin embargo, apuntó que la «obligación de un juez» es preguntar si ese correo existió si Gómez «no es nadie» y no hay «ningún decreto que la ampare para actuar en nombre del Gobierno de España».

El dirigente del PP afirmó que la asesora de la mujer de Sánchez, Cristina Álvarez, «sí utilizó un correo electrónico de la Moncloa» para «reclamar dinero a una empresa privada para un negocio único y exclusivo del que sacaba beneficios la señora Gómez».

El «aticazo» de Cerdán

Preguntado sobre la vivienda de Madrid en la que supuestamente residió el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional en el marco de las investigaciones por el caso Koldo, el vicesecretario del PP ironizó al afirmar que «el afiliado ejemplar» y «prohombre de la cosa pública española» vivía en un «aticazo en una de las zonas más caras de la ciudad» que «parece ser» que estaba pagado por Servinabar, la empresa navarra investigada en la misma causa judicial. «¿A cambio de qué? ¿Qué hay detrás de esta historia?», se preguntó.

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