«No hay ningún tipo de negociación ni de diálogo abierto, en concreto, para ampliar la vida de las centrales nucleares», reiteró este jueves, rotundo, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, pretendiendo dar carpetazo a una polémica que ha reabierto las grietas dentro de la coalición que sustenta el Gobierno.

En una entrevista radiofónica, el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica rechazó que se den las condiciones para que el Ejecutivo entre siquiera a valorar la autorización de esa prórroga. «No estamos en ese escenario», insistió, para después añadir que «a las propias [empresas] titulares parece que no les interesa porque no lo han planteado».

Pese a que hace pocos días el consejero delegado de Endesa, José Bogas, anunció que «pronto» habría una reunión entre las grandes energéticas que gestionan el negocio nuclear en España —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— y avanzó una moratoria de tres años al cierre como «lo más probable que ocurra», desde el Gobierno niegan ese escenario.

«El calendario actual [de cierre de las centrales] que hay sobre la mesa, del 2027 al 2035, es el que acordaron las propias empresas energéticas entre sí. En el año 2019 veían que no les salían los números, porque la nuclear es una energía más cara que la renovable, es menos competitiva. Algunas empresas querían cerrar ya en el 2019, otras tenían una estrategia a más largo plazo. Y finalmente, entre ellas acordaron este calendario», aseguró el alto cargo ministerial. Para añadir que, lo que les trasladan esas mismas empresas «a día de hoy» es que «les siguen sin salir los números, sigue sin ser competitivo, por lo cual no han pedido una ampliación de ese calendario».

«Lo que nos han trasladado es que quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos. Y lo que ha contestado el Gobierno es que no, que esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía o al conjunto de los consumidores. Y esa era un poco la situación hace unos meses y sigue siendo así», recalcó.

El secretario de Estado de Energía remarcó que, frente a las voces que surgieron tras el apagón de abril alertando de un posible riesgo para el suministro, España tiene fuentes de generación alternativas (y de respaldo a renovables) suficientes para prescindir de su parque nuclear.

En este sentido, Joan Groizard remarcó que hay un «plan escalonado» para el cierre de estas centrales que se prolongará durante ocho años: «Nadie ha planteado eliminar de un plumazo» los siete gigavatios que operan, defendió. «El escenario que hay encima de la mesa es gradual, escalonado y técnicamente viable, por supuesto», insistió.

Sobre la fiscalidad de las nucleares, el secretario de Estado rechazó que haya habido un incremento del 70 % y ha asegurado que la cifra es «absolutamente falsa». «Los impuestos que a día de hoy aplican a las centrales nucleares, los impuestos que pone el Estado, son exactamente los mismos que en el año 2019», destacó, para después agregar que lo que ha variado «ligeramente» es el coste de gestión del tratamiento de los residuos radiactivos, que corresponde a las propietarias de las centrales.

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