No hubo sorpresas en Barcelona. La Conferencia de Presidentes que Pedro Sánchez y Salvador Illa llevaron a Cataluña como muestra de normalidad institucional, tras años de gobiernos independentistas, se saldó sin un solo acuerdo y con una mayoría de comunidades empuñando el hacha de guerra al grito de elecciones. «El desacuerdo ha sido absoluto», comentó un desolado Imanol Pradales al finalizar el encuentro. «¿En qué se están convirtiendo las conferencias de presidentes, en una réplica del espectáculo que vemos últimamente en el Congreso?», se preguntó el lendakari. La polémica por las lenguas eclipsó un poco más una cita que ya se gestó mal, con el Gobierno enfrascado en imponer el orden del día sin contar con la mayoría de las comunidades, las que gobierna el PP, que acabaron plantándose y forzándolo a rectificar. El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, criticó el «monólogo» del Gobierno, la «falta de voluntad» para llegar a acuerdos y pidió un adelanto electoral para poner fin a una situación «que ya no da para más», en referencia a los escándalos que salpican al Ejecutivo.

Unas peticiones que cayeron en saco roto, porque el presidente del Gobierno les hizo saber in situ que su intención es «respetar los tiempos de la democracia y celebrar las elecciones cuando tocan, en el 2027». De hecho, el asturiano Adrián Barbón ofreció su tierra para celebrar la próxima edición de la conferencia, una propuesta que sirvió a Sánchez para animar al resto a que presenten también su candidatura. «Habrá ocasión para todas», enfatizó el presidente despejando cualquier duda sobre su intención inequívoca de agotar la legislatura. Illa fue de los pocos que le corearon. «El presidente del Gobierno, desde mi punto de vista acertadamente, ha dicho que esto no es objeto de la conferencia de presidentes; y él tiene la voluntad de agotar la legislatura», dijo antes de agradecerle «que se mantenga, con ideas claras, gobernando España».

El problema de los tiempos

En cambio, el castellanomanchego Emiliano García-Page, la voz discordante en el PSOE, reiteró la conveniencia de adelantar las generales para evitar que coincidan con las autonómicas y locales, y que comunidades y ayuntamientos se conviertan en una trinchera. Como ya ocurriera en la Conferencia de Presidentes de Santander en diciembre del 2024, volvió a aflorar la tensión entre los dos presidentes, por el tiempo utilizado por el líder regional en su intervención durante la conferencia celebrada. Page había pedido pidió que en la reunión se actuase con generosidad con los tiempos de exposición Sin embargo, Sánchez volvió a cortar el discurso del socialista cuando este criticaba los pactos con Junts.

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Francisco Espiñeira

De la larga lista de temas a tratar en esta Conferencia de Presidentes (16 en total), la financiación acaparó la mayor atención. Como lo plantearon las comunidades del PP, el Gobierno se limitó a no decir nada, algo que decepcionó al propio Page. España es un «puzle roto», dijo, un país con «muchas piezas averiadas y prisionero de un ambiente de frentismo verdaderamente asfixiante». Hasta en dos ocasiones reclamó un calendario en materia de financiación, con una propuesta inicial del Gobierno, «como tiene que ser», dijo, sin recibir respuesta. Las autonomías del PP reiteraron su rechazo a una financiación a la carta (singular) para Cataluña, por lo que supone de ruptura de la caja común y de trato privilegiado para esta comunidad. También pidieron la no condonación de las deudas autonómicas (Andalucía y Cataluña son las más beneficiadas) hasta que el Gobierno plantee un nuevo modelo de financiación.

Vivienda

El otro gran tema sobre la mesa de los presidentes fue la vivienda, como quería el Gobierno. Pedro Sánchez puso sobre la mesa su plan ya conocido de 7.000 millones de euros para invertir en vivienda hasta el 2030, de los que se comprometió a financiar el 60 % y pidió a las autonomías que pongan el resto. Además, propuso blindar la vivienda pública de por vida. Illa presumió de su política de regulación de los precios del alquiler en Cataluña, la compra de solares y la inversión de 2.000 millones para aumentar el parque público.

Inmigración

El tercer tema en discordia fue la política migratoria. Además de rechazar la delegación de competencias a Cataluña, consecuencia del pacto del PSOE con Junts, la crisis humanitaria que sufre Canarias sirvió para que su presidente, Fernando Clavijo, constatara la «soledad» que siente el Ejecutivo insular en esta materia. Por ello exigió al Gobierno y a las comunidades autónomas el desarrollo de un sistema nacional de acogida de menores migrantes. «Espero que la decisión sea ágil y rápida», dijo también sobre la cuestión el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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