El PSOE y Junts han sellado un acuerdo este lunes por la tarde para la delegación integral de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña aunque sin especificar el contenido del texto, según ha confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del pacto.

Tras más de un año de negociaciones, se espera que la proposición de ley que recoge este nuevo texto se lleve esta misma semana al Congreso de los Diputados de forma conjunta por los Grupos Parlamentarios de los dos partidos.

Ya el pasado jueves ambas formaciones acercaron posturas en las negociaciones para la transferencia de competencias en materia de inmigración tras la decisión de los de Carles Puigdemont de retirar la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedirlo el mediador internacional Francisco Galindo.

Entonces, fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que se produjeron avances significativos que podrían propiciar novedades al respecto en próximos días.

Los principales escollos radicaban en la presencia de los Mossos en espacios de frontera, la gestión de las órdenes de expulsión desde la Generalitat y la expedición de los Números de Identidad de Extranjero (NIE), tres cuestiones ante las que el Ministerio del Interior expresaba reticencias.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ya dijo en la mañana de este lunes que PSOE y Junts estaban negociando el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, pero que no correspondía a los socialistas catalanes hablar del tema: «Nosotros, como siempre, respetuosos y pendientes». Así lo aseguró en una rueda de prensa en la sede del partido, donde añadió que «cuando haya que decir alguna cosa o algún acuerdo, seguramente lo harán ellos».

«Profunda indignación ante el bochornoso acuerdo»

El sindicato JUPOL, mayoritario de la Policía Nacional, ha expresado su rechazo y «profunda indignación ante el bochornoso acuerdo» alcanzado entre el PSOE y Junts, y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su complicidad ante lo que consideran un «ataque frontal» al Estado de derecho, una vulneración de la Constitución y «un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña».

«En la actualidad, una de las principales funciones de la Policía Nacional en esa comunidad es la gestión de extranjería, por lo que su traspaso a la Generalitat supone un ataque directo a nuestra labor y una rendición vergonzosa ante el separatismo», ha concluído el sindicato.

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