l año 2025 se abre con la duda de si el expresidente catalán Carles Puigdemont llevará su órdago hasta el final y dejará a Pedro Sánchez en minoría si no acepta someterse a una cuestión de confianza. Personalmente, creo que ese no será el final del sanchismo porque a Puigdemont le interesa más sostener a un Sánchez en agonía parlamentaria que forzar unas nuevas elecciones con la incertidumbre de que el PP pueda llegar a gobernar con Vox, lo cual no llevaría aparejada ninguna ventaja para un Puigdemont atrapado en Bruselas sin la posibilidad de acceder a una amnistía. Sánchez anuncia a la desesperada una foto junto con Puigdemont sin que se sepa si eso bastará para evitar el colapso del Gobierno.
Pero es más probable que la era del sanchismo acabe por la acumulación de casos de corrupción que afectan a ministros y exministros del PSOE, a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, además del caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sánchez, de momento, se defiende asegurando que se trata de una confabulación entre determinados jueces con la ultraderecha, que conspiran para acabar con él. Los hechos, sin embargo, juegan en contra del jefe del Gobierno, porque cada uno de los casos que afectan al PSOE han sido respaldados no solo por el los jueces instructores, sino también por tribunales superiores de justicia o por la fiscalía, de forma que han impedido el archivo de las causas.
En el caso del fiscal general, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) apreció indicios de delito y remitió el caso al Tribunal Supremo. El TSJM intervino también rechazando la acusación de prevaricación contra el juez Peinado en el caso de Begoña Gómez y avalando la instrucción. La Audiencia Provincial de Madrid también se opuso al archivo de la causa contra la esposa del presidente. La Audiencia Provincial de Badajoz impidió asimismo el archivo de la causa que pretendía la defensa de David Sánchez. Y en el caso Koldo, las acusaciones están respaldadas por la Fiscalía Anticorrupción. Son por tanto más de treinta jueces en varias salas, muchos de ellos considerados progresistas, los que han intervenido de una manera u otra en los procedimientos que afectan al Gobierno, lo que desmonta la teoría de que se trata solo de una ofensiva de jueces conservadores junto a asociaciones vinculadas a la derecha y la ultraderecha.
La acumulación de casos de corrupción que afectan a miembros y exmiembros del Gobierno es por tanto la verdadera amenaza contra Sánchez, cuya situación empieza a recordar los estertores del felipismo, cuando las causas por corrupción se acumulaban cada día en un crescendo que resultó imparable. En el caso de Sánchez, los casos que le atañen a él personalmente o a miembros de su Gobierno acaban de empezar unas instrucciones que se prevén largas y que coparán los titulares durante meses. Está por ver si el manual de resistencia salvará otra vez al presidente del Gobierno. El año 2025 será el principio de su fin.