Cuando la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parecía estar cerrada tras el pacto entre el PSOE y el PP del martes, los socialistas volvieron a dejarla en el aire tras afirmar Félix Bolaños, ministro de Justicia, que dicha recomposición tendrá que ser validada por el Poder Legislativo, algo a lo que se niegan los populares, que dejan claro que el acuerdo suscrito contempla que deben de ser los jueces quienes decidan el sistema de reforma del órgano.

Bolaños afirmó en una entrevista en TVE que el acuerdo entre PSOE y PP no es vinculante y que lo que se espera de los vocales del nuevo consejo es que presenten en un plazo de seis meses una propuesta de reforma que se envíe al Gobierno, al Congreso y al Senado, que «se debatirá, se tramitará y en su caso de acordará». «Eso es lo que se pactó y ya está en tramitación parlamentaria y lo que se va a aprobar en el Congreso y en el Senado próximamente», pronunció. Este giro obedece a las exigencias previas a las negociaciones con los populares que ejercieron los socios habituales de Gobierno como alternativa a un trato con los populares, que exigían que fueran los propios jueces los que eligieran el sistema de reforma con un «sistema de participación directa» que evitara la intervención política. En términos más específicos, la parlamentaria.

Precisamente a este último punto se refirieron los populares para contrariar a Bolaños. Según el líder del partido, Alberto Núñez Feijoo, lo que los vocales tendrán enfrente es «el compromiso» y «mandato» de hacer una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que exclusivamente los jueces «puedan participar de forma directa en la elección de sus pares» en el CGPJ, y su formación no está dispuesta a cambiar «ni una coma» en este asunto. «Si el PSOE quiere enmendar la propia ley que hemos consensuado, es evidente que no va a contar con el apoyo del PP y por lo tanto no se va a aprobar», dejó caer Feijoo,

Contrariedades de los socios

El líder de los populares dio a entender que es posible que la renovación del Poder Judicial es susceptible de permanecer atascada. Algo que otros dirigentes del PP consideran que es culpa exclusivamente del PSOE, que es quien se aleja del pacto en su «intento» por «colonizar» las instituciones del Estado. «Espero que el Gobierno cumpla con su parte y, de esta manera permita, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se haga con transparencia, respetando los contrapesos propios de una democracia y que no asistamos a la colonización también del Poder Judicial por parte del Gobierno», aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y si el descontento es notorio en las filas populares, entre los socios de Gobierno lo es aún más. El portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, declaró que «a nosotros no nos gusta enterarnos [de la ley de reforma] cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. La estudiaremos y decidiremos nuestra posición y se la comunicaremos [al PSOE]. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados».

De igual manera, Gabriel Rufián (ERC) expresó su «molestia» por la falta de consultas socialistas a sus socios e ironizó con que si quieren aprobar los Presupuestos Generales del 2025, «que primero llamen al PP».

La reforma se tramitará en cuatro plenos parlamentarios de forma exprés

Con la proposición de ley para reformar el Poder Judicial ya registrada en el Congreso, el pistoletazo de salida para su tramitación de urgencia se hará el 4 de julio en una sesión parlamentaria para evaluar a los vocales y que la comisión de nombramientos vote y decida si son idóneos para el puesto o no. En el transcurso de cinco días, hasta el 9, los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a la norma. Estas se debatirán y sufragarán dos días después, el 11, tras lo cual la ley pasará a la comisión correspondiente para su ponencia contando con que PSOE y PP votarán a favor de la misma.

Una vez se resuelva esta, el documento pasará de nuevo al Congreso para que el dictamen de la proposición de ley procedente de la comisión quede aprobado por el Congreso el día 17 de julio. El último pleno, sobre el que no consta aún orden del día, se celebrará el 23, y previsiblemente se someterá a votación la elección de los 20 vocales del nuevo CGPJ, 12 de origen judicial y 8 de origen jurista.

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