Un año de prisión y una multa de 1.080 euros. Son los términos de la condena que se le ha impuesto a un hombre que durante meses vigiló con una cámara a su expareja, sin que ella lo supiera o autorizada. Tras admitir los hechos ante la magistrada del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, el acusado ha sido condenado por un delito de descubrimiento de secretos que tiene su origen en unos hechos ocurridos en el mes de febrero del 2022.

En aquellas fechas el acusado y la víctima eran pareja y convivían en un mismo domicilio de la ciudad de As Burgas. Con ellos vivían algunos animales domésticos y dado que tanto él como ella pasaban horas fuera de casa, la mujer le pidió a su novio que colocara una cámara de vigilancia para poder observar lo que hacían durante su ausencia. Eso sí, quedó probado que la colocación del sistema de grabación debía tener como única finalidad la de controlar a las mascotas, si bien lo que pasó fue algo bien distinto. Sin consentimiento de la mujer, el acusado conectó la cámara a su teléfono móvil y empezó a vigilarla a ella. Lo peor fue que cuando la pareja rompió y él se fue de casa, continuó accediendo desde su terminal a las imágenes de la cámara, observando lo que hacía su exnovia a cualquier hora del día y de la noche, sin que ella lo supiera, ya que el aparato había sido colocado en el dormitorio de la mujer. Para cuando ella lo descubrió habían pasado cinco meses.

Ante la gran carga de prueba que había en su contra, en el juicio celebrado hace unos días en Ourense el acusado no se molestó en pelear por su inocencia. Admitió haber grabado y espiado a la perjudicada sin su consentimiento y logró así eludir la prisión. Y es que aunque la sentencia establece una medida de privación de libertad durante doce meses, la jueza aceptó conceder al autor del delito la suspensión de esa condena, dado que carece de antecedentes penales.  Ese beneficio queda condicionado a que no cometa ningún delito, ni siquiera una alcoholemia positiva, durante los dos próximos años. La resolución recoge la expresa advertencia realizada al condenado en este sentido, informándole también de que esa suspensión está vinculada a que haga frente al pago de la multa, algo que podrá efectuar en plazos de 45 euros al mes durante dos años. De no cumplir con alguno de esos preceptos, se decretará su ingreso en prisión. Sobre el asunto, ya no cabe recurso alguno. 

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