«Cuanto antes». Es el plazo que se ha puesto el Gobierno para pedir a la Comisión Europea que desembolse el cuarto tramo de ayudas de 10.000 millones de euros consignados a España en el marco del Next Generation EU.

Esa lluvia de millones debía haber llegado en la primera mitad del año —antes del mes de julio, según el calendario pactado en un inicio y flexibilizado después con la adenda—, pero la convocatoria de elecciones, la disolución de las Cortes y las negociaciones para la formación de Gobierno han postergado los trámites para recibir ese pago y, por consiguiente, también el quinto sobre, de 7.000 millones de euros, fijado en un inicio para antes de final de año —para el primer semestre del 2024 con la renegociación del plan—. En total, 17.000 millones de euros que quedaron empantanados por el adelanto electoral.

Todos ellos, claro, vinculados a una serie de hitos y reformas que España comprometió en su plan de recuperación. También estos quedaron en el limbo en medio de las turbulencia políticas.

El cuarto tramo en cuestión estaba condicionado a culminar la segunda fase de la reforma de las pensiones, con sus cuatro pilares: cambios en la base máxima de cotización, ampliación de los años de cotización en el cálculo de la pensión y el despliegue del mecanismo de equidad intergeneracional —eleva las cotizaciones sociales para contribuir al equilibrio de la Seguridad Social en esta década de retirada masiva de trabajadores del baby bum. Esas últimas reformas fueron aprobadas en marzo de este año (con meses de retraso) con el rechazo de la principal patronal de empresarios, CEOE, y no se pudieron tramitar enmiendas a la misma a causa del adelanto electoral. La Comisión Europea todavía tiene que pasar revista al conjunto de medidas y valorar si, tal y como pidió, garantiza la sostenibilidad del sistema. Lo hará, eso sí, una vez que el Gobierno pida el cuarto tramo de ayudas que, según expresó la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, hace más de medio mes, se efectuaría de manera «inminente». En cualquier caso, asegura la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, antes del próximo 31 de diciembre.

Con el nuevo Ejecutivo ya en marcha, urge acelerar la tramitación de expedientes clave antes de pedir nuevos tramos —Bruselas puede decretar un desembolso parcial de las ayudas si faltan reformas o hitos por cumplir—. Es el caso de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se encargará de la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El proyecto de ley decayó por el adelanto electoral, pero esta misma semana el equipo de Calviño lo ha relanzado para que vea la luz antes del 31 de diciembre del 2024. Se trata de un hito incluido en la adenda —plan reformado— que el Gobierno pactó con Bruselas. Lo mismo ocurre con la Ley de Función Pública, que quedó aparcada desde entonces y se incluyó en la lista de compromisos con la Comisión Europea.

El impasse, desde el 29 de mayo (convocatoria de elecciones) hasta el 20 de noviembre (Sánchez anuncia Ejecutivo) ha supuesto una ralentización del ritmo de absorción y ejecución de fondos de medio año. Tanto es así que el vecino Portugal ya tiene autorizados tantos tramos de ayudas como España.

Portugal, por delante

El pasado miércoles, la Comisión Europea autorizó el tercer y cuarto desembolso (parcial) al país luso —2.590 millones de euros en subvenciones y 580 millones en préstamos—, tras dar por culminados 44 de 47 objetivos vinculados a reformas para la sostenibilidad de las cuentas públicas, las políticas de vivienda, la reforma del sistema sanitario o la instalación de puntos de recarga eléctrica, entre otras cosas. «Demuestran un progreso significativo en el despliegue del plan de recuperación y resiliencia de Portugal», celebró su equipo económico. Además, El Ejecutivo luso ya había conseguido la luz verde de Bruselas a su adenda (22 de septiembre) antes que el Gobierno español (2 de octubre).

A pesar de ese buen ritmo, la Comisión Europea activó esta semana el procedimiento de «suspensión de pagos» parcial por compromisos que «no se han cumplido satisfactoriamente». Se trata de un hito y un objetivo relativos a las reforma del sector sanitario y un hito relacionado con la reforma de las profesiones reguladas.

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