El Tribunal Superior ha avalado el despido disciplinario de una taxista que desobedeció a su patrón, su propio padre, dueño de la licencia, porque ella «no rendía cuentas a nadie» y estuvo seis años sin entregarle la recaudación del taxi, unos 26.000 euros.

La demandante había firmado con su padre un contrato en el 2007 por el que ella prestaría servicios de chófer a tiempo completo para aquel en un híbrido Toyota Prius bajo el convenio de Auto-Taxi y con un salario de 1.103 euros. Unos años después, el autónomo se jubiló. Ella se encargaba de explotar el taxi y se hacía cargo de los gastos pero debía entregar a su padre una parte de la recaudación, descontado el salario.

El conflicto surgió cuando su padre se divorció en el 2013 y tuvo que repartir con su exmujer (y madre de la empleada) los bienes gananciales. Él se adjudicó la licencia, tasada en 60.000 euros, el valor del Toyota, de 4.248 euros, y el crédito de la sociedad de gananciales de 26.249 euros por la explotación del taxi. A cambio, se traspasaba al padre la carga de crédito que la hija tenía por las inversiones en el Toyota Prius por 23.417 euros.

En el 2019, el padre y su gestor enviaron un burofax a la hija para que entregase la recaudación desde el 2013, los justificantes del taxímetro, la lista de recaudaciones y el abono de atrasos pero ella no les respondió. El padre la demandó y le exigió que le entregase la recaudación cada día y le devolviese el vehículo al terminar cada jornada laboral.

La hija le remitió otro burofax donde negaba las deudas y proponía entregar la recaudación cada viernes por la tarde en una gestoría, aunque sugirió hacerlo una hora después del cierre de esta. El padre la sancionó con una amonestación por escrito ante una falta grave en el retraso en la entrega de la recaudación, lo que ella impugnó judicialmente. Decía que tras el divorcio, el padre ya no era el dueño de la licencia y que era él quien le debía dinero.

Solo cuatro días antes de la Navidad del 2019, el padre envió por burofax la carta de despido disciplinario. A final de año, ella entregó los papeles, el taxímetro y las llaves y reclamó una cantidad pero el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo declaró procedente el despido porque vio probadas unas faltas «muy graves» de desobediencia, mala fe y abuso de confianza. El juez vio una negativa persistente y contumaz a no cumplir con el requerimiento que quebranta la buena fe contractual, un abuso de confianza y una disciplina y desobediencia intolerable, así como una apropiación dineraria. El retraso de más de tres días en la entrega de la recaudación es una falta grave y ella no rendía cuentas desde el 2013.

De la misma opinión es la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En una sentencia del 15 de noviembre concluye que «desde el 2013 ella tenía que haber buscado la forma de rendir las cuentas y entregar el dinero a quien considerase su empresario».

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