El Parlamento Europeo (PE) reclamó este jueves un rearme de sus estructuras y normas éticas internas contra la injerencia de países terceros siete meses después del Catargate y con un proceso de reforma institucional ya en marcha para evitar, o al menos dificultar, que vuelva a producirse un escándalo similar.

En una extensa resolución aprobada por 441 votos a favor, 70 en contra y 71 abstenciones, los eurodiputados reclaman para sí mismos y todo el personal del Parlamento Europeo un reglamento interno «inspirado en las normas más estrictas en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas» y que la institución se proteja ante cualquier intento extranjero de influir en sus procesos, recoge Efe.

Dos de los eurodiputados imputados en el Catargate, Eva Kaili y Marc Tarabella, estuvieron presentes en la sesión de votación en Estrasburgo; Tarabella se pronunció a favor de esta condena a sus propias actividades presuntamente delictivas mientras que Kaili, que sí participó en la votación de otros dosieres, no usó su derecho a voto para este asunto.

El texto aprobado este jueves es el resultado de varios meses de trabajo en la comisión parlamentaria especial sobre injerencias extranjeras en los procesos democráticos europeos, que debía haber concluido su labor hace meses, pero vio su mandato prorrogado en las semanas posteriores a las revelaciones del Catargate con vistas a sacar lecciones de la experiencia.

«Deben detectarse sistemáticamente y colmarse exhaustivamente las posibles lagunas en las normas y los procedimientos de las instituciones que permitan los comportamientos ilícitos», pide el texto, que recoge muchos de los reclamos en los que la Eurocámara ya está trabajando internamente, pero también otros que muchos diputados no quieren, como un mayor control sobre sus trabajos en paralelo.

El Parlamento Europeo, dicen sus miembros, debe reforzar su cultura de la seguridad porque es «objeto habitual de intentos de injerencia, como resultado del impacto que sus posiciones ejercen en el mundo»; así, reclaman que todos los diputados y personal reciban formaciones obligatorias que los hagan «conscientes de que son objetivos potenciales de agentes extranjeros».

Entre otras medidas, se pide evitar que el mantenimiento de los edificios, los sistemas informáticos o las cámaras lo lleven a cabo empresas de terceros países y que se audite e invierta continuamente en esa infraestructura informática institucional para garantizar su resiliencia ante ataques.

Uso de la imagen institucional

El Parlamento Europeo también debe trabajar para evitar un uso indebido del nombre de la institución que cree una falsa imagen de legitimidad, como con el uso de su logo en eventos organizados por partidos políticos en sede parlamentaria o con los viajes de eurodiputados en misiones al extranjero, incluidas las misiones electorales.

Los diputados también piden, por otro lado, que sea obligatorio presentar una declaración de ausencia de conflictos de intereses para cada normativa que se tramite en la Eurocámara y hacer más transparente con quién se ha reunido cada legislador que trabaja en un dosier concreto.

Ninguno de las peticiones de este texto es vinculante para la Eurocámara, que ya ha puesto en marcha algunas reformas —por ejemplo, en su política de puertas giratorias o la nueva obligación de figurar en el Registro de Transparencia para participar en cualquier evento en las instalaciones de la Eurocámara— y prevé finalizar la enmienda de mayor calado a sus normas internas después del verano.

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