El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares al general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, investigado en la rama del caso Mediador que asumió recientemente la Fiscalía Europea.

Calama, que ejerce de juez de garantías en esta parte de la investigación que dirige la Fiscalía Europea, ha atendido a la petición del general, a la que se había opuesto el Ministerio Fiscal, al considerar que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de alteración o de destrucción de pruebas.

Ahora bien, el magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el país, y le advierte de que su incumplimiento podrá dar lugar a la adopción de medidas más graves.

El general Espinosa fue detenido el 14 de febrero por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal, acusado de ser uno de los cabecillas de una trama que supuestamente cobraba sobornos a empresarios para mediar a su favor en contratos o ayudas públicas o evitar inspecciones y sanciones.

Más de dos millones de euros

Espinosa queda en libertad, no obstante, sin que el Servicio de Asuntos Internos (SIA) haya acabado de investigar a fondo su intervención en la trama tejida por Tito Berni. El pasado 8 de febrero, el SAI reclamó a la jueza del 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, autorización para «requerir» a la FIIAPP toda la información en su poder sobre cuatro contratos cerrados en marzo del 2020 y en julio y junio del 2021 para el suministro de diverso material de la Cooperación Española para el Sahel pagado por la Comisión Europea.

Los investigadores, que en su oficio destacaban la «complejidad» de «la presente investigación», aseguraban a la magistrada que veían indicios de «posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública» en estas cuatro adjudicaciones, que alcanzan un valor conjunto de 2.352.278 euros.

Las sospechas de los investigadores -explican fuentes del caso- es que en estos contratos mediara Francisco Espinosa Navas, el general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI -Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel- activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha.

En esos contratos figura como beneficiaria, entre otras, la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones S. L. Aunque al frente aparece su hija, el propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, detenido en el marco de esta investigación, aunque en la actualidad se encuentra en libertad. Suárez, conocido por la trama como José Drones, habría pagado regalos y viajes al general para obtener la adjudicación de aeronaves no tripuladas para las fuerzas de seguridad del Sahel.

La FIIAPP es una entidad pública española que forma parte de la Cooperación Española y en cuyo patronato figuran, entre otros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la de Justicia, Pilar Llop.

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