La posibilidad de que el PSOE y Unidas Podemos alcancen un acuerdo sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí» aparece cada vez más lejana. Mientras el partido morado insiste en enviar ofertas alternativas a la reforma de la ley que el PSOE ha registrado en solitario, el sector socialista del Gobierno considera que ese texto debe ser la base de cualquier negociación y solo está dispuesto a pactar enmiendas con otros grupos durante la tramitación parlamentaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da por agotado el diálogo con sus socios de coalición y considera que el goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores hace ineludible aprobar una modificación, incluso aunque sea sin Podemos y gracias a los votos del PP. 

Sánchez critica el «ruido»

Este jueves, en una conversación informal con periodistas que le acompañan en su gira internacional, Sánchez criticó el «ruido» que Podemos introduce en este debate y consideró que lo que buscan es «visibilidad» de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

«Somos dos partidos distintos, con dos formas de hacer política muy diferentes», afirmó Sánchez, que reclamó a Unidas Podemos que haga pública su propuesta sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí», como ha hecho el PSOE. El presidente restó trascendencia a las diferencias entre lo dos socios y aseguró que «lo importante» es resolver los efectos no deseados de la ley aprobada. Se trataría, según dijo, de una reforma «técnica» y quirúrgica» que no alteraría la cuestión del consentimiento.

El planteamiento de Sánchez choca de plano con el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que insiste en que no se trata de una diferencia técnica sino de una profunda discrepancia política. «La propuesta que yo quiero hacer pública es la propuesta de acuerdo del Gobierno y de la mayoría feminista del Congreso», respondió Montero, que reiteró su oferta de llegar a un acuerdo con el PSOE antes de que se debata en el Congreso la proposición de ley que han presentado los socialistas y que, a su juicio, «desgraciadamente vuelve al esquema penal anterior, el de la violencia o la intimidación».

Montero recalcó que el Ejecutivo no puede permitirse «un retroceso en derechos de la mano de PP y Vox» y añadió que ella no se levantará de la mesa de negociación con el PSOE y trabajará para que se alcance un acuerdo antes de que llegue el 7 de marzo, cuando está previsto el debate de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.

Aunque desde el partido morado aseguran que han trasladado al PSOE una nueva propuesta, que sería la séptima, en el ala socialista del Ejecutivo insisten en que los textos que remite Podemos inciden en una fórmula que ya ha rechazado el Ministerio de Justicia.

La titular de Igualdad dijo confiar en que el Gobierno agote la legislatura, pero no descartó una situación de ruptura. «Creo que nosotras tenemos que estar preparadas para cualquier escenario. Confiamos en la palabra del socio de Gobierno, pero Podemos siempre está preparada, como organización, para cualquier escenario», sostuvo.

La Fiscalía defiende que se mantengan las penas por delitos sexuales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió este jueves el criterio del ministerio público de no rebajar condenas a agresores sexuales si la pena que se les impuso entra dentro de las horquillas de la ley del «solo sí es sí». «No somos meras calculadoras, debemos ser algo más», sostuvo el fiscal general del Estado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado para presentar la memoria de la Fiscalía del 2021.

«Los agresores sexuales no pueden tener un tratamiento privilegiado respecto del resto de delincuentes que, a lo largo de las distintas reformas del Código Penal, han sometido sus condenas a revisión», subrayó García Ortiz. El fiscal general del Estado no quiso obviar el debate abierto en torno a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y las rebajas de condenas y defendió el decreto que dictó para que los fiscales no apoyen rebajas de penas si estas pueden ser también impuestas con la nueva ley.

El decreto, según explicó, pretende garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad, «asegurando que a cualquier penado, sea por el delito que sea, se le aplica una misma interpretación de la ley penal más favorable». En ese contexto, garantizó que su postura, desde el punto de vista «estrictamente jurídico», está «bien definida» y su espíritu «es y será siempre evitar espacios de impunidad y proteger a las víctimas».

«La función del jurista no es puramente aritmética, no es —no ha de ser— un ejercicio de automatismo, no somos meras calculadoras, debemos ser algo más», señaló García Ortiz, que añadió que, entre las distintas interpretaciones constitucionalmente posibles, se optó «por la más garantista y respetuosa con los derechos de las víctimas» y con el Convenio de Estambul.

El fiscal general aseguró a los senadores que no se ha inventado nada y que su criterio sigue la jurisprudencia consolidada, como marcó el Tribunal Supremo al aplicar la reforma de los delitos de terrorismo introducida en el 2015 y que también carecía de un régimen transitorio expresamente previsto.

García Ortiz explicó que la ley del «solo sí es sí» ha supuesto «un cambio de paradigma al incluir el consentimiento afirmativo como eje y elemento esencial del delito», al tiempo que incorpora «medidas preventivas, de protección y de reparación». «Una víctima asistida, protegida, amparada, empoderada y con recursos suficientes puede afrontar con mejores herramientas la dureza del proceso penal», sostuvo.

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