La elección de Cándido Conde-Pumpido fue acogida con malestar por el PP, que destacó que «el Tribunal Constitucional es un órgano fundamental en nuestro Estado de Derecho, que debe garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna y su acatamiento por todos los poderes públicos». «Lamentablemente, a día de hoy, es una institución también debilitada por los efectos del sanchismo», señalan en Génova, por lo que comprenden «que entre la opinión pública puedan suscitarse dudas acerca de su independencia».

Para el PP ya resultaba «inédito» que dos ex miembros del Gobierno en ejercicio —un ministro y una alto cargo— «pasasen a formar parte del Tribunal Constitucional nombrados por el mismo Gobierno que les designó para sus anteriores funciones». Por ello, las fuentes del PP dicen esperar que el Constitucional «pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones» y «mermando con ello su credibilidad y devaluando de forma injusta el impecable trabajo de cientos de servidores públicos» .

Además desde el PP critican que el Ejecutivo de Sánchez actúe «saltándose consensos respetados hasta ahora por los gobiernos de diferente signo político anteriores a este». Tras conocer el nombramiento de Conde-Pumpido como presidente y el de la también progresista Inmaculada Montalbán como vicepresidenta, los populares lamentan «que se haya tensionado de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la vicepresidencia del alto tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente».

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