Las empresas que extingan contratos bonificados a través de un despido reconocido o declarado improcedente o por medio de un ERE de extinción quedarán excluidas durante un año de los incentivos a la contratación laboral. Así lo establece el real decreto-ley que regula los incentivos a la contratación laboral aprobado el martes en el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

La norma establece un nuevo mapa de bonificaciones para promover la contratación y el mantenimiento del empleo estable del conjunto de los trabajadores, aunque prioritariamente de aquellos considerados colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Las empresas que se beneficien de estos incentivos deberán mantener el empleo al menos tres años.

El decreto entrará en vigor con carácter general el próximo 1 de septiembre, aunque algunas disposiciones lo harán este mismo jueves. Es el caso de la obligación de las empresas que se deslocalicen fuera de la Unión Europea o del de espacio económico europeo de devolver todas las bonificaciones a la Seguridad Social de las que se hayan beneficiado durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Igualmente tendrán que reintegrar las subvenciones públicas obtenidas en materia de contratación y empleo.

El decreto establece que solo se podrá incentivar la contratación temporal de manera excepcional y únicamente para impulsar la transformación en contratos indefinidos de contratos formativos en prácticas y la contratación temporal directamente vinculada a la conciliación.

La norma, que forma parte de las reformas comprometidas en el Plan Nacional de Recuperación, adapta el mapa de incentivos a los cambios introducidos por la reforma laboral y se aplicará a los contratos que se realicen tras la entrada en vigor de la misma, el próximo 1 de septiembre.

El decreto abre la puerta a que puedan ser incentivadas las medidas acordadas en los convenios colectivos que incluyan compromisos como el mantenimiento o el incremento del empleo, la conversión de contratos formativos o de relevo en indefinidos o la mejora del empleo indefinido a tiempo parcial o fijo-discontinuo en empleo indefinido a tiempo completo u ordinario. Asimismo, la norma reconoce la posibilidad de incorporar estos acuerdos como criterio de tipo social en el marco de los contratos públicos.

Según destacó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este nuevo esquema de incentivos elimina un «montón» de las bonificaciones existentes y crea algunas nuevas. Una de las novedades es que durante el primer año de vigencia de esta norma, los contratos indefinidos que se celebren con jóvenes menores de 30 años con baja cualificación y que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se bonificarán con 275 euros/mes durante tres años.

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G. Lemos

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