La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar menos impuestos de los que les correspondían por ley, informa la agencia Efe.

La fiscala, Letitia James, explicó que Trump cometió «fraude fiscal» entre el 2011 y el 2021 y que el estado exige una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a la compra de inmuebles comerciales durante el próximo lustro, según indicó en su cuenta de Twitter la representante del Ministerio Público.

«Hallamos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguros», explicó.

Patrimonio fluctuante

La fiscala detalló en una nota de prensa que Trump se ayudó de sus hijos Donald júnior, Eric, Ivanka y de altos ejecutivos de su empresa para «hinchar y deshinchar ilegalmente su patrimonio neto en miles de millones» de dólares con el fin de enriquecerse y «mentir al sistema».

La empresa familiar del expresidente supuestamente indujo de esa manera a los bancos a prestarle dinero en condiciones más favorables de las que hubiera logrado, y a las aseguradoras a darle mayor cobertura por cuotas más bajas, además de hacerse con ventajas fiscales, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Nueva York.

Las acusaciones, que James elevó al Tribunal Supremo del estado, son el resultado de una amplia investigación por la vía civil que se ha alargado durante tres años, con una batalla legal en la que Trump ha intentado obstaculizar y retrasar los requerimientos de declaración o de entrega de documentos.

A principios de agosto, se presentó por orden de un juez ante la fiscala para testificar, pero se acogió a la quinta enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse. Aparte de interponer la demanda, la fiscala ha recomendado al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos abrir diligencias penales contra Trump.

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