En venta. Letreros con este tipo de anuncios podrían comenzar a verse en un futuro no muy lejano en las fachadas de edificios londinenses que hoy acogen las sedes de ministerios, agencias y de otros organismos oficiales británicos. ¿La razón? El Gobierno se aviene a desprenderse de ellos, en virtud de que un importante porcentaje de los funcionarios públicos que tienen su puesto en esas instalaciones continúan teletrabajando y rechazan volver a tiempo completo a sus oficinas.

El plan lo ideó el polémico ministro Jacob Rees-Mogg, quien compagina su cargo de responsable de Aprovechar las Oportunidades del brexit con el de Eficiencia gubernamental. La propuesta, según ha trascendido públicamente, se ejecutará en tres años y con ella su impulsor espera obtener 1.500 millones de libras (1.744 millones de euros) solamente con las ventas de edificaciones, cifra que luego podría subir hasta los 2.000 millones (2.326 millones), gracias a lo que se ahorrará el Estado al no tener que pagar los servicios (luz, agua, calefacción) de dichas dependencias, ni tener que costear reparaciones.

«Hemos visto en el último año que las costosas oficinas en el centro de Londres han sido infrautilizadas. ¿Por qué hay que hacer pagar al contribuyente por edificios medio vacíos?», defendió el político en un artículo publicado en el diario Sunday Telegraph. «Estamos reduciendo el coste del patrimonio público para poder devolver el dinero al contribuyente. Todo el gasto en bienes públicos debe estar justificado», agregó.

Para decidir qué edificios serán puestos en venta, el ministro ha pedido a sus colegas del Gabinete que le pasen el porcentaje diario de asistencia de los funcionarios a las distintas sedes gubernamentales. Esta parece la última medida de Rees-Mogg contra el teletrabajo, modalidad con la que no está conforme.

Hace unos meses el funcionario le envió una carta a los distintos ministros instándolos a alentar a sus subalternos a volver a sus puestos de trabajo, una vez que todas las restricciones impuestas por la pandemia del covid fueron levantadas. Esto, por considerar que es el trabajo en la oficina es más eficiente que en los respectivos domicilios. Los sindicatos y la oposición laborista han criticado la postura del ministro, por considerarla «condescendiente» y «pasivo agresiva».

Pero el Gobierno no solo tiene pensado vender varios de los edificios que posee en Londres, sino que de paso aspira trasladar a unos 22.000 funcionarios a otras localidades, mediante el programa Places for Growth (Lugares para Crecer, en español).

«El traslado de los funcionarios a nuestras hermosas comarcas y ciudades a través nos beneficiará a todos, ofreciendo a los funcionarios una mejor calidad de vida y contribuyendo al crecimiento económico fuera de la capital», justificó.

La iniciativa se desarrollará hasta el 2030 y con ella el despacho de Rees-Mogg estima que se generarán unos 31.000 millones de libras (36.600 millones de euros).

Esta última propuesta suena contradictoria, porque el funcionario se opuso tanto al traslado de la Cámara de los Lores a la norteña ciudad de York, como a la mudanza temporal de los diputados fuera del Palacio de Westminster, para así facilitar las obras de remodelación y restauración las que está siendo sometido desde hace años.

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