«Visto para resolver, se da por terminado el acto». Tras seis horas y media el magistrado Francisco Javier García Aponte dio por concluida la vista previa a la decisión que tendrá que tomar sobre los bienes muebles que los nietos de Francisco Franco pueden llevarse del pazo de Meirás. Fueron seis horas y media de debate jurídico que estuvieron centradas en saber si esos bienes forman parte del conjunto del pazo o si pueden separarse del inmueble. Al margen de esos aspectos técnicos, en la sala de vistas se discutió sobre el valor histórico de la fortaleza en el caso de que se quedase sin el medio centenar de elementos que están en cuestión.

La vista empezó con la renuncia a cinco de esos bienes muebles por parte de los Franco del medio centenar que quieren llevarse. Se trata de un blasón, un monolito de piedra, dos escudos de Franco y un cordobán pintado de la capilla del pazo. La abogada de la familia, Vanessa Amarelle, explicó que esos bienes se retiraban porque el informe de su perito indica que esos elementos son inseparables del conjunto.

La abogada de los Franco explicó que este es un procedimiento excepcional. «Es un incidente sobre una ejecución provisional de una sentencia que todavía podría ser revocada por el Tribunal Supremo». Lamentó que el Concello de Sada insista en pedir todos los muebles del pazo, cuando el auto de la Audiencia de A Coruña dejó claro que «no podrá ser discutido el caso de mesas, sillas, alfombras, cuadros y similares». Y respecto al Estado, la abogada dijo que «pretende convalidar un inventario de bienes que ha sido anulado». Aseguró que sus clientes «solo quieren llevarse determinados bienes, y que son removibles físicamente». Añadió que se trata de «elementos decorativos que no responden a significados de conjunto, o a ostentaciones coleccionistas… Era doña Carmen [Franco Polo] la que le decía al guardés donde debía colocar las cosas».

Muy distinta opinión tienen los expertos propuestos por el Estado, la Xunta y el Concello de Sada, que contaban con la adhesión de la Diputación y el Concello de A Coruña a sus posicionamientos. Esos peritos coincidieron en que los bienes del pazo forman parte del conjunto de sitio histórico de interés cultural que tiene el recinto, por lo que retirarlos de allí rompería «la significación histórica del pazo». Los expertos de la Xunta, altos funcionarios de la Consellería de Cultura, explicaron que Emilia Pardo Bazán concibió una casa para residir en ella y desarrollar su obra artística. Pero a partir de 1938 hubo que darle al pazo una significación de nobleza y de hidalguía para albergar los veranos del jefe del Estado, Francisco Franco. Por eso empezaron a llevarse allí estatuas, blasones, cruceiros y otros ornamentos de piedra. «Esos bienes cumplen funciones y son propios del sitio histórico», manifestaron. El perito propuesto por Sada, el historiador Manuel Pérez Lorenzo, dijo que el traslado de bienes «supondría una merma del valor histórico y cultural del conjunto».

Desde la Abogacía del Estado, su abogado jefe, Javier Suárez, dijo que la práctica totalidad de los bienes en discusión están en dos espacios, en la capilla y en los jardines. Y aseguró que desde su punto de vista, la obligación de los Franco es entregar el pazo «con todos sus elementos». Ahí abundó en que el Estado pide «una capilla, que es algo muy distinto que el suelo, el techo o las paredes del local donde se ubique». Para él, es evidente que una capilla «es un lugar de culto, en el que son esenciales un altar, retablos, unas imágenes, crucifijos... Despojar una capilla de esos elementos es algo distinto de lo que había en el pazo».

El pazo con todos los bienes

«Entendemos que lo que procede ahora es que se entregue el pazo con todos los elementos que lo componen, que la capilla se entregue con todos los elementos que la configuran, y que el jardín se entregue con todos sus elementos», reclamó el abogado del Estado en su exposición final.

Uno de los letrados que representa a la Xunta señaló que su conclusión era que a su juicio la familia Franco coincidía en que sin los elementos que ahora quieren retirar el pazo «ya no es el sitio histórico, no es el pazo de Meirás». Su argumento se basa en que los Franco intentaron vender por 8 millones de euros todo el pazo «como conjunto» y recordó el anuncio de una inmobiliaria de lujo, que ofrecía «un recinto sin par, lleno de historia y detalles especiales, biblioteca, cuadros, piezas arqueológicas, dependencias, blasones, fuentes, cruceros y decoración que la convierten en una oportunidad inmejorable». Y el letrado preguntó: «¿Díganme si con ese anuncio la familia Franco no tenía el concepto del pazo con todos los bienes?».

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José Manuel Pan

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