Una solución «temporal» y «excepcional» para abaratar la factura de la luz. Es la fórmula que logró pactar el pasado viernes en Bruselas el presidente español, Pedro Sánchez, para tratar de recuperar el control de un mercado, el de la electricidad, desbocado en toda la Unión Europea (UE).

Su Ejecutivo empezó abanderando la cruzada contra el sistema de fijación de precios, después rebajó su ambición hasta fijar un precio máximo a la electricidad en los 180 euros el megavatio hora (MWh) y, finalmente, aceptará fijar un tope al gas, que habrá que compensar de algún modo a las eléctricas. No es poca cosa, teniendo en cuenta la extraordinaria facilidad de la Unión Europea (UE) de enquistar reformas, como la Unión Bancaria, aún sin terminar.

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En la práctica supondrá la fijación de un precio límite a la energía ofertada por las plantas de ciclo combinado, esas que utilizan gas para generar electricidad. La cotización del hidrocarburo sigue por las nubes y eso está inflando la factura de la luz, a pesar de que la mayor parte de la electricidad se produce sin él. ¿Cómo es posible? Eso tiene que ver con el modo en el que se fijan los precios en el mercado. Las primeras tecnologías que ofertan energía son las renovables —si no la vuelcan al sistema, se pierde—, así que son más baratas. Después entra la nuclear. Las plantas tienen urgencia por vender por la misma razón. Parar los reactores, además, tiene un coste muy alto. Cuando la oferta es aún insuficiente para cubrir la demanda que hay, entran en acción las plantas de ciclo combinado. Aunque solo proporcionan el 18 % de la electricidad generada, son las que marcan el precio. Y es así porque la Unión Europea (UE) cree que motiva a los países a acelerar la penetración de renovables.

Lo lógico sería pensar que hay que reformar el sistema de fijación de precios, para que el precio final refleje la contribución real de cada tecnología. Pero algunas cancillerías, como la alemana, se han negado hasta ahora. Prefieren esperar a las conclusiones de la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) al respecto. El organismo debería emitir el próximo mes de mayo una opinión sobre cómo optimizar ese modelo y, en función de esas recomendaciones, la Comisión Europea elaborará una propuesta más ambiciosa que podría dejar obsoleta la vía ibérica.

Calendario

El plazo es desesperante para el Gobierno español, que se adelantará, junto con el portugués, con esta medida temporal y excepcional de fijar un tope al precio del gas. Pero, ¿cuándo empezará a notarse en la factura de luz?

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que el Gobierno espera poder hacerla operativa en el plazo de «tres o cuatro semanas». También ha aclarado que lo acordado por el Consejo Europeo es una mera orientación política, una autorización para que la Comisión estudie y, de ser el caso, dé luz verde al mecanismo que España y Portugal deberán proponer «en principio, esta semana», puntualizó. ¿Qué va a pasar una vez que el Gobierno remita su plan a Bruselas? «Necesitará unos días, unas semanas, para comprobar que todo es correcto o recomendarnos introducir mejoras», admitió Ribera. Por lo que el sistema no entraría en funcionamiento, como pronto, hasta dentro de un mes.

Un plan que cojea

Los plazos generan dudas, pero es que la naturaleza de la medida también. No se sabe cuál será el límite de precio al que podrán ofertar las plantas de ciclo combinado, que hoy tienen unos costes de producción de 250 euros por megavatio hora, si este tope fluctuará, o por cuánto tiempo se extenderá este escudo energético.

Otra de las grandes dudas que sobrevuela la medida tiene que ver con la compensación a las compañías energéticas por obligarlas a ofertar por debajo del coste de producción. Se trata de un requisito indispensable para la Comisión Europea.

¿Cómo se sufragará, entonces, esta rebaja de la factura de la luz? Una opción es recurrir a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque es difícil estirarlos más, a no ser que se emita más deuda pública. Otra posibilidad es la de introducir en el futuro, cuando los precios se relajen, una contribución especial en las facturas de los consumidores españoles para reembolsar las compensaciones a las eléctricas, según apunta la propia Comisión. Sería algo parecido al actual déficit de tarifa que acabarán de pagar los españoles en el 2028 (quedan 12.000 millones de euros).

Riesgos

La medida abaratará la factura, no cabe duda. Pero no está exenta de riesgos. El primero es que, a pesar de la limitada interconexión con Francia, los españoles acaben subvencionando una pequeña parte de la energía que se acabe consumiendo en el país vecino (el mercado es único). Otra derivada tiene que ver con las arcas públicas: facturas más pequeñas se traducirá en ingresos más reducidos para el Estado. Por último, habrá que ver cómo reaccionan las eléctricas. Si la tarifa regulada se reducirá, podrían tratar de compensar esas bajadas con subidas en los contratos del mercado libre.

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