Los productos de consumo duradero adquiridos a partir de este sábado, 1 de enero, dispondrán de una garantía legal de tres años frente a cualquier defecto de fabricación, en lugar de los dos años vigentes hasta el 2021. Esa ampliación de la garantía es uno de los puntos clave de la modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios que entra en vigor con el cambio de año. Un cambio normativo que también incrementa el período en el que los fabricantes deben disponer de piezas para facilitar la reparación de sus productos desde que dejan de fabricarlos, pasando de los cinco años actuales a diez.

Lo ha recordado en un comunicado el Ministerio de Consumo, en el que ha recalcado que esta reforma legal, que el Consejo de Ministros aprobó en abril, forma parte de una «estrategia de fomento de la economía circular» destinada a incrementar la durabilidad de los bienes y reducir el impacto ambiental del modelo productivo.

Para ello, se amplían los plazos en que los consumidores pueden exigir que se arreglen los productos comprados en caso de que presenten taras (desde el 1 de enero, el plazo mínimo requerido son tres años) o si se estropean y también se extiende el período en que pueden reclamar si no están conformes, que será de cinco años.

Por otro lado, el período en el que los fabricantes están obligados a disponer de piezas para reparar los productos, una vez estos dejan de fabricarse, se duplica: pasa de los cinco años que exigía la normativa anterior a los diez años que establece la nueva regulación.

Ante este cambio legal, y en vísperas de Reyes, desde las asociaciones de consumidores aconsejan aplazar cualquier compra de productos de elevado valor, como grandes electrodomésticos, aparatos tecnológicos o incluso vehículos hasta la entrada del nuevo año, para beneficiarse de los plazos de garantía más extensos.

Servicios digitales

Otra novedad tras la reforma que entra en vigor en el 2022 es la inclusión de nuevas obligaciones para los suministradores de servicios digitales, que deberán ofrecer de una garantía mínima de dos años.

En la categoría de suministro de servicios digitales se incluyen a partir del sábado: programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas.

En la era del comercio electrónico, la nueva regulación recoge por primera vez los contratos en los que los consumidores no pagan un precio pero sí ceden sus datos personales para acceder a un servicio en línea, ya sea en redes sociales, correo, mensajería instantánea o cualquier otro ámbito del entorno online.

Se considerará además que los contenidos o servicios digitales estarán disponibles o accesibles cuando hayan llegado al entorno del consumidor y usuario «y no será necesario ningún otro acto del empresario para que pueda utilizarlos conforme al contrato», precisan desde el Ministerio de Consumo.

Quedan excluidos de la normativa los programas libres y de código abierto, en el que el código fuente se comparte abiertamente y los usuarios pueden acceder libremente al programa (software), informa Efe.

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