Hace una semana que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, enviaron una carta a la Comisión Europea reclamando medidas urgentes para hacer frente a un problema «europeo»: la vertiginosa subida del precio de la energía. Se avecina el invierno y Europa todavía no ha llenado sus reservas de gas.

El hidrocarburo está por las nubes, en niveles históricos, y se espera que la tensión en el mercado se prolongue hasta mediados del 2022. España propuso en esa misiva la compra conjunta de gas y la vigilancia del sistema de comercialización de derechos de emisión (CO2), donde detectan «movimientos especulativos». ¿Con qué fin? Abaratar el coste, igual que hizo la Unión Europea (UE) con las vacunas. «Hay que pensar en un mercado único y que sirva para unificar la capacidad de reservas estratégicas de gas o contar con suministro gasista al margen de razones geopolíticas», deslizaban en esa carta, preocupadas por los efectos en el recibo de la luz y en la factura de las industrias. Ayer mismo el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que los precios industriales subieron un 2,3 % en agosto en relación con julio y se dispararon un 17,6 % respecto a hace un año en Galicia (un 18 % la media española). Los precios de la energía en la comunidad gallega aumentaron un 50,6 % y un 11,2 % en el de los bienes intermedios.

A pesar de las intentonas diplomáticas, Bruselas respondió con la misma fórmula: un portazo. Hasta esta semana. Los problemas con la factura de la luz se están contagiando al conjunto del mercado único. En Francia anunciaron cheques de 100 euros a las familias, en Italia están revisando el método de cálculo de los recibos. El problema político que puede desencadenar el descontento social al alza ha obligado a Bruselas a mover ficha.

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Según confirma una portavoz de la Comisión Europea, la institución está «preparando una caja de herramientas para ayudar a los Estados miembro a identificar y desplegar medidas que pueden tomar en línea con la legislación europea» ahora que «es consciente» de que las discusiones sobre subidas del precio de la luz se están dando en varios países. Por el momento, el Ejecutivo comunitario está examinando las medidas adoptadas en el plan de choque, como el recorte de los beneficios extraordinarios a las eléctricas, que las empresas tacharon de «intervencionista» y «confiscatorio».

Lagarde apoya a España

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, apoyó ayer la propuesta española para actuar unidos ante la escalada de precios: «Claramente es un asunto que deberían estudiar las autoridades tributarias, de modo que haya más poder de mercado» al negociar precios y licitaciones, según recoge Efe.

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